Así no se puede

adie puede negar el carácter civilista y democrático de la Gran Bretaña, por ello es conveniente conocer qué les sucedió a los activistas que decidieron bloquear uno de los principales accesos a Londres. En efecto, militantes de Insulate Britain y Just Stop Oil se pegaron al asfalto de la M25, principal ruta que rodea a Londres, reclamando programas para enfrentar el cambio climático con subsidios para el aislamiento térmico de las viviendas y para protestar contra el uso de los minerales fósiles. Ante esta situación, el gobierno no envió a sus ministros a negociar con los protestantes, sino que la policía los removió, los detuvieron y enfrentaron cargos penales y multas. Es más, el parlamento aprobó legislación (Police Crime, Sentencing and Courts Act 2022), que otorga más poder a la policía para enfrentar a los manifestantes en casos de bloqueo.

¿Qué ha venido pasando en Colombia? Todo lo contrario: se reformó el cuerpo de la policía que enfrentaba estas situaciones en una fuerza de “diálogo” y a los manifestantes, que además de bloquear ciudades enteras y causar grandes pérdidas económicas y de vidas de enfermos que no pudieron llegar a recibir atención médica, y que en muchos casos vandalizaron la infraestructura urbana, fueron dejados en libertad sin procesos (salvo algunos raros casos), y como parte de la negociación se les retiraron todas la sanciones, como vimos las semana pasada en la negociación con los camioneros. Y no es que Colombia sea más democrática que la Gran Bretaña, sino que un país civilizado entiende que la protesta es válida y respetable, pero que no puede causar daños, en algunos casos irreparables, a la ciudadanía mediante el chantaje que resulta del bloqueo de vías.

Los costos del paro camionero según dirigentes gremiales fueron en materia de comercio exterior un valor de US$300 millones diarios, en el sector ganadero de $40.000 millones, mientras en Bogotá las pérdidas sumaron $30.000 millones, y desde luego faltan datos de otros sectores. ¿Y quién paga por esto? Simplemente nadie, son costos que asume la sociedad para “defender el sagrado derecho a la protesta” que parece ser protesta, no contra el gobierno para demandar tal o cual solución, sino contra la sociedad que paga los platos rotos.

El impacto en la sociedad mediante el bloqueo de vías, que resulta una táctica bastante cuestionable, es la fórmula de los reclamantes para que autoridades escuchen el reclamo que hacen las comunidades al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales. No es inusual transitar sobre cualquier vía del país y encontrarse con un bloqueo de los habitantes del algún municipio que está a la vera del camino por cuenta de una escuela que necesita refacción o un acueducto deficiente, para no mencionar, el viacrucis de los departamentos del sur cuyas vías son bloqueada un día sí y otro también por los indígenas. Y desde luego, cada dos o tres años se sucede el bloqueo nacional por parte de los jóvenes inconformes o de los camioneros y no hay solución diferente al diálogo, que valga la pena decir, nunca trae soluciones, sino promesas incumplidas que surten el efecto de suspender el bloqueo por un lapso de tiempo. El siguiente bloqueo se da por el incumplimiento.

No es factible que un país funcione de esta manera. Los colombianos tenemos que reflexionar seriamente sobre el chantaje de los bloqueos porque el costo cada vez mayor de esta práctica es uno de los mayores obstáculos al desarrollo económico y social.