Tijera al banquete

El Estado colombiano es un monstruo obeso que devora la riqueza de los ciudadanos y nos condena a la mediocridad. Mantiene 216 entidades, ministerios y agencias que funcionan más como agencias de empleo político que como garantes de derechos. Es un aparato diseñado para gastar, no para servir.

Y lo más grave es que hemos aprendido a vivir con él como si fuera inevitable, como si no hubiera alternativa. Pero sí la hay. Daniel Raisbeck, quien fue hasta hace poco analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute, ha hecho uno de los estudios más juiciosos, detallados y valientes sobre el tamaño del Estado y el lastre que significa para nuestra prosperidad.

Durante décadas nos han repetido que la crisis fiscal se debe a un bajo recaudo. Mentira. Entre 1990 y 2024 los ingresos del Gobierno Nacional Central crecieron 269% en términos reales, pero el gasto lo hizo en 372%. El resultado ha sido un déficit crónico y una deuda que supera 50% del PIB desde 2015. Solo en 2024, el pago de intereses consumió 18% del Presupuesto Nacional, más que toda la inversión en educación. Colombia no tiene un problema de recaudo: tiene un problema de gasto.

En 2011, para calmar a los mercados, el gobierno de Santos creó la llamada “regla fiscal”. En teoría debía controlar el déficit. Sin embargo, el déficit real nunca bajó de 2,3% del PIB, y en años como 2016 o 2018 fue mucho más alto. La regla fiscal no sirvió para frenar el hambre de un Estado que vive para gastar.

La propuesta de Raisbeck consiste en reestructurar la Rama Ejecutiva reduciendo de 216 a 82 entidades, eliminando ministerios inútiles, fusionando burocracias y privatizando empresas estatales. El ahorro sería monumental: $70,5 billones, casi 4% del PIB. El plan incluye dejar solo siete ministerios esenciales (Defensa, Hacienda, Justicia, Cancillería, Interior, Desarrollo Económico y Capital Humano), acabar con agencias redundantes, recortar nóminas paralelas y rediseñar el sistema educativo para que los recursos lleguen al estudiante y no a los sindicatos de profesores.

Colombia debe hacer una profunda reflexión sobre el verdadero rol del Estado ¿Para qué existe? Para garantizar derechos básicos: la vida, la libertad y la propiedad. Nada más. Cuando el Estado se convierte en empresario, banquero, constructor, asegurador o repartidor de favores, deja de proteger derechos y empieza a violarlos. Le arrebata a la gente su dinero y su libertad para sostener un aparato que solo produce dependencia y mediocridad.

Algunos medios han salido a criticar la propuesta. En un país estatista por naturaleza, cuesta imaginar que el Estado no esté metido en todo. Nos enseñaron que sin Estado no hay progreso, cuando la realidad es lo contrario: entre más crece, más asfixia la creatividad y la productividad de los ciudadanos.

Quien se atreve a cuestionar al Leviatán estatal siempre será señalado como “radical”. Pero lo verdaderamente surrealista es pensar que Colombia puede seguir sosteniendo un aparato que cada año consume más recursos, se endeuda más y ofrece menos resultados.

Un Estado limitado es la condición mínima de la libertad y la prosperidad. Reducirlo no significa caos: significa devolver a los colombianos lo que les pertenece, su dinero, su iniciativa, su capacidad de construir riqueza. La pregunta no es si podemos darnos el lujo de reducir el Estado. La pregunta es si podemos darnos el lujo irresponsable de seguir sosteniéndolo.