Más de la mitad de los bosques de Colombia pertenecen y son manejados por comunidades indígenas o afrodescendientes. Muchos otros por comunidades campesinas que, si bien no comparten la propiedad predial, actúan como redes culturales que toman decisiones colectivas de manejo ambiental. Y todas las comunidades pescadoras del país, organizadas o no, quienes son pieza fundamental de la conservación de los humedales frente a los procesos históricos de desecación y destrucción de la propiedad pública en playas, arrecifes, riberas y cuerpos de agua. Sumando mal, más de la mitad del territorio está siendo gestionado en la práctica por los agentes de nuestra diversidad cultural, en gran mayoría minorías étnicas, diversidad reconocida constitucionalmente como fundamento de la nación.
Tal como se discutió esta semana que pasó en un par de talleres en Bonn convocados por organizaciones indígenas globales (Tebteeba, Forest Peoples Programme, el Centro de Resiliencia de Estocolmo y el Secretariado del Convenio de Biodiversidad, entre otros) para evaluar los programas de monitoreo ambiental en territorios indígenas, son esos esfuerzos los que hoy sostienen, en gran medida, la biocapacidad del mundo, es decir, el flujo de servicios ecosistémicos del cual depende toda la población, mayoritaria y progresívamente urbana. Es decir, que hay una deuda histórica que se configura cada vez con mayor claridad hacia aquellos sectores de la sociedad que, a menudo con un esfuerzo sobrehumano han producido una calidad ecológica que no puede ser reemplazada por obras de ingeniería, máquinas o desarrollos industriales, así tengamos cierta capacidad de construir prótesis, como es el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales o los centros de reciclaje.
La noción de sistemas productivos sostenibles, el diseño y adopción innovadora de herramientas de manejo del paisaje, y, en últimas, toda la producción limpia o ecológica, representan una alternativa real y clara para mantener la biocapacidad del territorio, independientemente de las formas de propiedad. Sin embargo, los sistemas de decisión colectiva basados en la gobernanza indígena, de comunidades negras o en reservas campesinas, son una de las mejores opciones que tiene Colombia para atravesar la crisis del cambio climático y construir una nación sostenible y más justa.
Completaría este panorama un sector privado agremiado, con visión ecológica, claridad que parece estar emergiendo: Fedepalma comienza a innovar en términos de manejo de biodiversidad en sus plantaciones, de manera similar a como lo hace Ecopetrol, yendo más allá de la resonsabilidad social y ambiental empresarial, algunos ganaderos, algunos cultivadores de caña. Pero insisto en la noción de agremiación, ya que la gestión ecológica, aún cuando deba hacerse en todas y cada una de las casas, unidades productivas, industrias o empresas, requiere agregación para tener impacto: no hay tema en el cual sea más cierto que una golondrina no hace verano, y, lamentablemente, tampoco funciona la idea de que cada quien “ponga su granito de azúcar”, pues resulta que la suma de las partes no funciona como un todo, incluso a veces resta.
Mantener biocapacidad territorial requiere niveles de cooperación como los que hacen de los resguardos las zonas más importantes de protección de la vida, sólo que a otro nivel: más allá de la acción agregada, necesitamos de la acción coordinada y persistente de todos los agentes, acción colectiva que sólo es factible con altos niveles de cultura política, confianza e instituciones que hagan la mediación. Ojalá estas últimas también diversas…
