Uno de los factores de riesgo de colapso ecológico mundial es la desaparición de la biodiversidad, léase coloquialmente, de comunidades funcionales de seres vivientes, de fauna, flora y microorganismos.

Los servicios ecosistémicos derivados del mantenimiento de grandes porciones de territorio en forma silvestre, que no sin gente, han sido identificados y reconocidos por la comunidad científica internacional como el fundamento de la integridad biológica del planeta, al punto que concentran buena parte de las alertas relativas al mantenimiento de nuestra capacidad, ya en duda, de sobreponernos a los efectos negativos y acumulados de su transformación.

Organismos multilaterales como la Ipbes (Plataforma intergubernamental de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas) o el Sistema de Naciones Unidas para la Economía Ambiental (Unseea) y otras decenas más han reconocido la urgente necesidad de preservar y contabilizar adecuadamente los beneficios derivados de todos los territorios silvestres remanentes del planeta como fuente de resiliencia ante el cambio climático y la mejor alternativa, si no la única, para superar la dependencia de los extractivismos y transitar a un conjunto de civilizaciones globales sostenibles.

Colombia es uno de los centros de seguridad ambiental mundial y así lo reconocen los países cooperantes del norte, mucho más conscientes de este hecho que nosotros mismos, empeñados en la deforestación y contaminación criminales que toleramos a pesar de verlas pasar frente a nuestros ojos, sabiendo que devoran el bienestar de nuestros nietos, ya obligados a vivir en pocos años el caos climático.

Y gran parte de esa seguridad se la debemos a los pueblos originarios: más de la mitad de los bosques del país no solo ha sido salvaguardada por los pueblos indígenas y comunidades negras, sino cultivada con sentido ecológico por sus prácticas y modos de vida, codificados en sus lenguas y cultura simbólica y material, siempre discriminadas y perseguidas por su diferencia, fundamental pero incomprendida y por lo mismo, invalidada por una sociedad veladamente racista y colonial, aún en pleno siglo 21.

Casi la totalidad de la ruralidad campesina retiene valores y cualidades de sostenibilidad derivados de las herencias culturales prehispánicas que han alimentado a los colombianos por siglos a costa de su propio bienestar y seguridad, considerando que su marginación de la modernidad no ha sido por conflicto con otras tradiciones productivas introducidas, sino por exclusión deliberada y criminal: solo este año han sido asesinados más de un centenar de indígenas que se oponían a la lógica mafiosa que desde hace décadas busca controlar el país.

Los aportes de todos los pueblos indígenas al PIB están más que demostrados y más bien, han sido ignorados e invisibilizados por nuestra incompetencia en valorarlos o integrarlos a las cuentas nacionales. Tal vez porque es evidente que el PIB, cuando se mide adecuadamente y se corrige para incluir los costos de la degradación ambiental, es negativo (se reduce entre 3% y 5%) y demuestra que estamos lejos de una economía sostenible.

Bienvenida entonces la Minga y su exigencia, fundamental para la convivencia y la construcción de una Nación legítima, del respeto a la vida de todas las personas en igualdad de condiciones. Sin esas garantías, es imposible hablar de nada más.