Si se hace un análisis clásico de costos y beneficios derivados de la conservación o explotación de los páramos o cualquier otro ecosistema, encontraremos que siempre los beneficios monetarios, especialmente derivados de la minería de oro, por citar sólo un ejemplo, superan ampliamente los de mantener la integridad del ecosistema. Este resultado hace que las decisiones de gestión del territorio y uso de los recursos se incline hacia las actividades productivas con rentabilidad perceptible y de corto plazo, ya que los tiempos de la política requieren flujo de caja para implementar los programas de gobierno; incluso la actividad misma de conservación, que cumple una función económica poco reconocida.
El problema surge claramente al aplicar el concepto de sostenibilidad: si se sacrifican servicios ecosistémicos, como la regulación hídrica o el mantenimiento de la varibilidad genética de los organismos de la alta montaña, el flujo de beneficios no contabilizables directamente por la economía se desploma: en cincuenta años nadie reclama control fiscal o político, máximo se aplica un juicio histórico controvertible. Así, en el largo plazo, que parece no existir para la economía, estaremos ecológicamente muertos…
La diferencia en los horizontes de descuento entre oro, carbón, petroleo o flujo de servicios ecosistémicos es el reto para la gestión del territorio, pues las decisiones de conservación claramente implican un costo para las generaciones presentes, que debe ser tasado y debatido con criterios distributivos: a quién le corresponde asumir el riesgo ambiental, en qué momento y con qué recursos. La noción de compensaciones o inversión de regalías apunta a generar estos equilibrios intergeneracionales y por ello es fundamental que ambas funcionen adecuadamente, para lo cual existen umbrales definidos por la sustituibilidad del servicio ecosistémico: hay un umbral por encima del cual no se puede reconvertir oro en agua, ni billetes en especies.
Obvio, también se requiere que estos mecanismos financieros no sean presa de la burocracia o la corrupción. Pero esta es una visión macro. En la realidad, el debate se plantea en el destino de unos pocos miles de hectareas, donde se concentra la eventualidad extractiva, obligando a plantearse la pregunta de la proporcionalidad: la aparentemente sensata idea de sacrificar una pequeña porción del territorio para obtener inmensas ganancias que se pueden aplicar a una porción proporcionalmente mayor. En los páramos, la minería, la extracción petrolera y las actividades agropecuarias fueron excluidas por el Plan de Desarrollo del presidente Santos, expresión de una política ambiental a la vez pionera y drástica. Ahora debatimos por la zona de transición entre lo que sería páramo y lo que no, pues una línea tiene el poder de cambiar el balance de costos y beneficios, y a la larga, afectar el mismo equilibrio del Plan de Desarrollo: paradojas económico ambientales a las que nos enfrentaremos cada vez con mayor frecuencia…
Las casi tres millones de hectareas de páramos con que cuenta el país y su función ecológica y económica reguladora, están protegidos. La línea que define la transición con otros ecosistemas, sin embargo, es esquiva: nadie, mucho menos la buena ciencia, puede definirla metro a metro, mucho menos predecir el efecto que tendrá una intervención equivalente en la integridad del ecosistema (salvo las plantas de energía nuclear…), que opera en los rangos de centenares de hectáreas a kilometros cuadrados. Así que el criterio técnico para dirimir los casos de duda seguirá siendo la Evaluación de Impacto Ambiental, no el ordenamiento territorial. La idea de delimitación, pues, no es la apropiada para aprobar o rechazar proyectos de inversión específicos, que requerirán siempre de mayor precisión técnica de la autoridad ambiental.
