¿Corrupción adaptativa?

Tenemos claro que los actos ilícitos mediante los cuales alguien se apropia del patrimonio público deben ser prevenidos, perseguidos y castigados severamente, pues el bien común nunca puede ser sacrificado en el altar de la pretendida competencia darviniana que según algunos, a conveniencia, guía la vida social. El “triunfo” de unos amenaza la continuidad del colectivo, una paradoja si se piensa que sin lo segundo no es viable lo primero. Tal vez a eso se refería nuestro célebre expresidente que pretendía definir la adecuada proporcionalidad de la corrupción.

Una de las contradicciones de la forma más simplista de entender el capitalismo es esa: pretender que la rentabilidad derivada del ingenio particular se apropie al máximo de manera privada, pero que cuando fracase, la pérdida se asuma solidariamente. Muchas instituciones financieras juegan a esta, la fuente más perversa de las inequidades, que no puede ser normalizada vía reformas fiscales, pues el bienestar de una nación no se puede sustentar en la pretendida competencia salvaje de humanos “perfectamente racionales” en un mundo de oportunidades falsamente equivalentes y asimétricamente informado. Muchos corruptos pretenden naturalizar las economías al acomodo de sus intereses, incluso desde los órganos legislativos, de ahí la institucionalización de las mafias y los carteles bajo la mirada complaciente de los regímenes.

La noción de justicia ambiental está fuertemente anclada en el entendimiento de que el funcionamiento ecológico es un bien común que subyace a todo emprendimiento (sensu lato), sea la agricultura itinerante indígena, las economías pesqueras artesanales, la agroindustria, el desarrollo inmobiliario o la provisión de servicios.

Detrás de toda apropiación de lo que llamamos naturaleza existe un entramado funcional de vida, que si bien es menos evidente que la integridad atmosférica del planeta, opera de manera extremadamente conectada. De ahí que la salud climática de todos dependa de la preservación del Amazonas (destruida por corruptos) o la capacidad de restituir la funcionalidad de los páramos. Si los encadenamientos productivos que llevan esa capacidad ecológica de producir riqueza (podría decirse que ricardiana) a los niveles más abstractos de la monetización no garantizan el cierre adecuado de sus ciclos funcionales, nos estamos robando a nosotros mismos en términos de seguridad ambiental, es decir que nuestros actos productivos y reproductivos representan una forma de corrupción de la cual apenas estamos haciendo conciencia: comernos el futuro de nuestros propios hijos, un gesto nada adaptativo. (De paso, bien por los 11,6 millones de colombianos que de manera absolutamente autónoma participaron en la consulta del domingo pasado: se hizo historia).

La sostenibilidad reposa también en la construcción de equidad, por lo cual una política ambiental debe concentrarse en la prevención de los conflictos y la construcción y cumplimiento (lo subrayo) de acuerdos de gobernanza del territorio. Explosiones de indignación ya rondan muchos sectores sociales para quienes “extractivismo” significa el deterioro de las condiciones de vida locales en contraposición con la concentración de indicadores de bienestar externo, así no haya presencia de proyectos que exploten explícitamente el territorio. Deteriorar la seguridad ambiental de nadie nunca es justo ni adaptativo.