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La forma más conocida de medir la pobreza es a través del ingreso monetario de los hogares y sus miembros. Dicho indicador de pobreza mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo de un estándar o mínimo de ingresos mensuales necesarios para cubrir sus necesidades básicas.
La ausencia o insuficiencia de ingresos está acompañada de múltiples carencias, como puede ser no tener una buena educación, estar en un ambiente insalubre, enfrentarse con la discriminación y con barreras para la inserción de manera adecuada en el mercado laboral, entre otras desventajas. De tal manera, medir la pobreza exclusivamente a través de los ingresos es insuficiente para ver toda la complejidad de esta.
Para tratar de superar esa mirada, se han desarrollado indicadores compuestos por varias dimensiones de la calidad de vida de las personas. Entre ellos, está el índice de pobreza multidimensional (IPM), que mide quince variables, que reflejan cinco dimensiones de la pobreza medidas a nivel de hogar: condiciones educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y condiciones de la vivienda y servicios públicos domiciliarios. Esto tiene muchas ventajas en el estudio y la focalización de políticas públicas para superar la pobreza.
Recientemente el Dane publicó los resultados de la medición del IPM para 2022. Dado que estos resultados se dan dos años después de las difíciles condiciones que tuvieron que enfrentar las familias en la emergencia sanitaria, en especial las más vulnerables, es importante ver cómo ha cambiado dicho panorama para los hogares. Aquí presentamos las principales conclusiones de nuestro estudio.
Cifras principales
Entre 2016 y 2019 el IPM se mantuvo estable alrededor de 17,5%. No obstante, la llegada de la pandemia del covid-19 significó un crecimiento de este indicador, que lo situó en 18,1% en 2020. A partir de ese momento la pobreza multidimensional mostró una disminución importante de cerca de 5,1 puntos porcentuales (p.p.) entre 2020 y 2022, equivalentes a cerca de 2,4 millones de personas menos en pobreza multidimensional.
Esto contrasta con la caída entre 2016 y 2019, que fue tan solo de 375.000 personas. Es decir que, a pesar de la difícil situación social y económica por el confinamiento de 2020 y las restricciones a la movilidad de 2021, las privaciones disminuyeron.
Es importante anotar que la reducción de la pobreza multidimensional se ha observado tanto en áreas urbanas (cabeceras) como en áreas rurales (resto). Sin embargo, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en las zonas rurales es mayor que en las urbanas, y lo preocupante es que esta brecha se ha ampliado entre 2021 y 2022.
En 2021, la pobreza rural era 2,7 veces mayor que la urbana, pero en 2022 esa diferencia aumentó a 3,2. Por tanto, uno de los principales desafíos que el país debe enfrentar en los próximos años en términos de políticas sociales y económicas es reducir la disparidad en la calidad de vida de los hogares en las zonas rurales.
La salud es una de las dimensiones que más contribuyó a la disminución de la pobreza
Dentro del análisis de las diferentes dimensiones, podemos ver como existen algunas con altos niveles de privación, tales como el trabajo informal, el bajo logro educativo y el rezago escolar. En 2022, 72,7% de los hogares tenían al menos un miembro empleado en trabajos informales, cifra que se ha mantenido por encima de 73% en promedio en los últimos años.
Eso es una clara señal de la segmentación del mercado de trabajo, que se caracteriza por un nivel alto de informalidad, generada en buena parte por los altos costos de contratación del empleo formal y la fijación de salarios mínimos altos con respecto al salario medio del mercado, que es un freno a los beneficios de la formalidad para los trabajadores. Este fenómeno debe ser tenido en cuenta en las discusiones de reforma laboral que transita en el Congreso.
En cuanto a la situación educativa en el país, aún queda un amplio margen para mejorar. Actualmente, 40,9% de los hogares en Colombia tienen al menos uno de sus miembros con niveles educativos bajos, y 26,2% de los hogares presentan rezago escolar.
Estos datos resaltan la necesidad de que la política educativa en el país se enfoque en impulsar tanto la cobertura como la calidad educativa, además de abordar el problema de la deserción escolar. Es fundamental trabajar en la construcción de una masa crítica de capital humano, especialmente en un contexto donde los desafíos del rápido avance tecnológico son más relevantes que nunca.
La educación juega un papel clave en preparar a las personas para enfrentar estos desafíos y adaptarse a los cambios que se están produciendo en el mundo.
Se destaca la existencia de desigualdades entre los segmentos más ricos y más pobres de la población en términos de privaciones y pobreza multidimensional. Se evidenció cómo la pandemia tuvo un impacto negativo en los grupos más vulnerables, pero se observa que la recuperación ha beneficiado a estos grupos de manera más que proporcional, gracias a las políticas de transferencias a los hogares pobres del Gobierno.
De otro lado, se destaca el buen desempeño del sistema de salud, esto se refleja en el aumento sistemático del aseguramiento. Situación que se dio incluso durante la pandemia. En especial, se aprecia que en el último año de análisis (2022), el porcentaje de personas en hogares con algún miembro sin afiliación a salud disminuyó en 3,7 puntos porcentuales en el segmento más pobre. Nuestro análisis muestra cómo en 2022, el mayor aseguramiento en salud de la población contribuyó con 18% de la disminución de la pobreza multidimensional, esto es cerca de 0,7 puntos de la caída total (3,1 p.p.) del IPM.
Lo anterior ratifica la importancia de la estructura y la institucionalidad actual del sistema de salud, que con pocos recursos per cápita ha logrado una cobertura y acceso casi universales a los servicios de salud. De tal manera, que llamamos a la prudencia en la reforma de salud que ha propuesto el Gobierno Nacional. Una mejora del sistema debe partir de construir sobre lo construido y resolver los cuellos de botella, relacionados con el acceso en zonas apartadas del país, pero sin poner en riesgo la salud de los colombianos con una propuesta radical que enfrenta muchos riesgos operativos y financieros.
