Todos bajo amenaza legislativa: una reflexión urgente

Quisiera decir que el proyecto de ley 153 de 2025 que se tramita actualmente en la Cámara de Representantes representa solamente un ataque directo al sector empresarial y al aparato productivo nacional, pero no es así. Si se comprenden, de manera elemental, las dinámicas económicas y la estructura jurídica de la creación, promoción y desarrollo de las empresas y sociedades, se llega inevitablemente a la conclusión de que este proyecto atenta contra la generación de riqueza, entiéndase esto como actividades productivas que son las generadoras de empleo, progreso y bienestar de todos los colombianos, para no mencionar que es este sector el que, con su alta carga tributaria, mantiene el estado.

Además de una muy inconveniente nueva reforma tributaria presentada por el gobierno, esta nueva iniciativa bajo el disfraz de proteger los derechos humanos erosiona principios fundamentales del orden jurídico, económico y constitucional colombiano.

Definitivamente, hay un enfoque equivocado en este nuevo proyecto de ley. En lugar de enfrentar con decisión la corrupción o racionalizar el gasto público, nuestros “dirigentes”, con este tipo de iniciativas proponen una norma que la quita autonomía al sector productivo, le impone obligaciones ajenas a su misma naturaleza y desnaturaliza el papel de la empresa. Este proyecto no solo vulnera la autonomía jurídica de las sociedades, sino que parte de una presunción peligrosísima: culpabilidad de las empresas cuando se aleguen violaciones de derechos humanos. Esta visión distorsionada ignora que el verdadero progreso social se construye sobre un aparato productivo sano, eficiente y generador de bienestar.

Nadie discute la primacía de los derechos humanos. Están consagrados en la Constitución, en tratados internacionales y en múltiples normas internas. Sin embargo, su protección no se logra mediante leyes demagógicas, sino a través de políticas públicas eficaces, seguridad ciudadana, aplicación e implementación de las leyes ya existentes y una justicia fortalecida. Pretender que una norma con sesgo político y redacción ambigua y contraria a las normas vigentes garantice el acceso a la justicia y logre protecciones efectivas y reales de los derechos humanos es desconocer los problemas estructurales del sistema judicial: falta de recursos, baja capacitación, escasa remuneración y ausencia de voluntad política, para no mencionar los constantes ataques a los cuales se ve sometido.

Este proyecto constituye, por decir lo menos, un retroceso jurídico y económico, pretende modificar el régimen societario, imponiendo definiciones y obligaciones innecesarias y excesivas que desdibujan la naturaleza jurídica de las empresas. Al elevar, en la práctica, los indicios a la categoría de prueba plena se vulnera el debido proceso y se pone en riesgo la seguridad jurídica. Además, se asignan responsabilidades desproporcionadas a los empresarios y se modifica, de forma vaga y arbitraria, la responsabilidad de los accionistas, entre otros.

La empresa no es el enemigo. Es el motor de desarrollo, generadora de empleo, riqueza y tributos. Atacar su estructura legal y operativa bajo argumentos ideológicos es un grave error que crea esguinces innecesarios e inconvenientes en la sociedad y debilita el tejido económico del país.

Este proyecto, aunque aún en etapa de discusión, tiene implicaciones profundas. En medio de escándalos y cortinas de humo, podría pasar desapercibido, lo cual sería catastrófico. Es urgente que todos los sectores -empresariales, académicos, jurídicos y ciudadanos- se mantengan alerta y participen activamente en el debate.

No se trata de una simple diferencia política. Es una cuestión de sentido común, de defensa del Estado de Derecho y de protección del modelo productivo que sostiene a millones de colombianos. La verdadera garantía de los derechos humanos no está en discursos ni en normas vacías, sino en un gobierno que aplique la ley, proteja, actúe con sensatez y que entienda que sin empresa no hay país.