Analistas 10/10/2020

Se apaga Electricaribe

Ni el bien ni el mal son duraderos y siendo que el mal ha durado tanto, el bien debe de estar cerca”
El Quijote

Mis palabras en la plenaria del Senado de la República en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias. 22 años después podemos decir que la calidad de la prestación de este servicio esencial por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente la Ley Eléctrica y la de Servicios Públicos que establece que tal servicio se debe prestar con eficiencia, calidad y continuidad.

Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con supuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional de 45,5 horas/año, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios. Cuando llegó al extremo del impago a los generadores de la energía que compraba para su distribución y la inminencia de una crisis sistémica que hubiera afectado a toda la cadena a nivel nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos se vio precisada a intervenirla.

Como lo afirmó la Superintendencia al momento de proceder a hacerla efectiva el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”. Y no era para menos, pues al fin y al cabo, como lo manda la Constitución Política, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios públicos.

La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y en la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos, Caribe Mar y Caribe Sol. Electricaribe pasó en manos de la Superintendencia de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios y para su frágil estabilización el Gobierno Nacional tuvo que inyectarle, mediante el Fondo empresarial de la Superintendencia, $5,4 billones, de los cuales $860.000 millones se invierten en las redes de transmisión local y de distribución.

Esta inversión se vino a sumar a los $3 billones invertidos en el refuerzo del Sistema de transmisión nacional (RTN) contemplado en el Plan5Caribe que estructuramos desde el Ministerio con el concurso de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) en 2014. Dicho sea de paso, estos proyectos fueron adjudicados mediante convocatoria de la Upme y el costo de su ejecución lo pagan finalmente los usuarios vía tarifa.

En el entretanto, se aprobó a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de la empresa calculado en $1,53 billones, se dejó claramente establecido que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público, la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas” por parte de Electricaribe.

Y, “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las empresas…que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad. Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional”.

Se estima que estas medidas se traducirán en un incremento de 20% en las tarifas a partir de 2021, alza que podrá amortiguarse por parte de los nuevos operadores extendiendo por parte de la Creg la aplicación de la opción tarifaria para el componente variable del costo unitario establecido a través del Decreto de Emergencia Económica 417 del 17 de marzo, que permite suavizar el impacto en el bolsillo de los usuarios.

Las condiciones, entonces, estaban dadas y se había allanado el camino para el relevo de Electricaribe como operador de red en la región Caribe. El pasado 20 de marzo, como resultado de la subasta que abrió la Superintendencia de Servicios se adjudico el mercado de Caribe Mar a las Empresas Públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La guajira al Consorcio Energía de la Costa, que representan 23% de la demanda de energía en Colombia.

Entre los compromisos adquiridos por los dos operadores está la inversión de $10 billones en los próximos 10 años en los proyectos pendientes contemplados en el Plan5Caribe, el cual priorizó los principales proyectos a ejecutar para corregir el rezago histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe para mejorar la calidad de la prestación del servicio que nunca hizo.

Se espera y se aspira que, ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1 de octubre los nuevos operadores asuman el control y la prestación del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido los usuarios y se le ponga coto a los abusos y atropellos de los cuales hemos sido objeto. El primer reto que deben encarar los nuevos operadores estriba en recuperar la confianza perdida por tantos años de desafueros. Y de contera, es de esperar también que los nuevos operadores sirvan de facilitadores de la marcha de la transición energética y del impulso de las fuentes no convencionales de energías renovables (Fncer), pues Electricaribe se había convertido en palo en la rueda, en su mayor obstáculo.