La intervención de la Creg

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en la clausura del XXIV Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco) que tuvo lugar en Cartagena, que el Gobierno Nacional va a asumir las funciones que hoy ejerce la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en virtud de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que la creó. Manifestó que para ello apelará al parágrafo 3º del artículo 290 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispuso que “las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas por el Presidente de la República o por el Ministerio de Minas y Energía, según a quien corresponda la función delegada en la Creg”, en el artículo 68 de la Ley de servicios públicos.

Tal anuncio estuvo precedido de un cuestionamiento del funcionamiento del actual modelo del sector eléctrico y planteó uno nuevo, sin dar detalles del mismo.

Eso sí, descartó la posibilidad de la estatización de los servicios públicos. Aseguró el presidente Petro, alarmado por la espiral alcista de las tarifas de energía, que “debe prevalecer el interés público. Si no, no tenemos estado para abordar los problemas de los servicios públicos. Las comisiones reguladoras son para regular los mercados, no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado”.

Ante los rumores que antecedieron la alocución del presidente Petro en el sentido de intervenir a la Creg, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, se había anticipado a manifestar que si bien “hay que reconocer que hay un problema que está afectando los hogares, las propuestas para estos problemas deben darse dentro de la institucionalidad que tiene el país, que es muy sólida a través del Ministerio de Minas y Energía y la Creg, que tiene una experiencia de 30 años en este sector”.

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, manifestó su desacuerdo con la decisión anunciada por el Presidente y la consideró improcedente, aduciendo que la Ley del Plan de desarrollo del anterior gobierno, por haber concluido su cuatrienio, perdió vigencia y no resistiría una demanda ante el Consejo de Estado.
Pero, de ser ello cierto, también quedaría sin efecto el paquete de medidas contempladas en el mismo atinentes a la expedición de un régimen regulatorio especial para la prestación del servicio de energía en la región Caribe, especialmente en los artículos 318 y 289 de la misma. De prosperar dicha demanda quedarían sin piso también los decretos que lo reglamentan y las resoluciones de la Creg que fijan las tarifas a Air-e y Afinia.

Manifestó el presidente Petro que antes de proceder en consecuencia abrirá “primero un espacio de diálogo” con el objeto de revisar el marco regulatorio vigente puesto a prueba por las alzas desmesuradas de las tarifas de la energía, sobre todo en la región Caribe y explorar salidas a la actual encrucijada. El diálogo propuesto por el Presidente debe ser incluyente y soportado en criterios técnicos para evitar un salto al vacío.

La verdad sea dicha, cuando el presidente Petro anuncia la intervención de la Creg, en rigor de lo que se trata es de un cambio de interventor, porque de hecho ya fue intervenida por el anterior gobierno, al hacerse al control de la misma, habida cuenta que a la fecha la totalidad de los seis integrantes de la misma fueron nombrados por el expresidente Duque.

Es más, de ellos sólo dos podrán ser reemplazados al término de sus períodos, que son de cuatro años, uno en noviembre de este año y otro en junio del año entrante, los otros cuatro, como fueron nombrados recientemente, permanecerán en sus cargos durante todo el período del actual Presidente de la República. Ello deja mucho qué desear de la autonomía y del carácter técnico atribuido a la Creg por ministerio de la Ley que la creó.

En mi modesto concepto la intervención de la Creg no debería conducir a la supresión de la misma, puesto que el papel regulador que se reserva el Estado, según lo dispuesto en la nueva Constitución política que data desde 1991, es inmanente al funcionamiento apropiado del mercado, máxime en tratándose del sistema energético, en el que varios de los agentes operan un monopolio natural, como lo es el transporte y la distribución de la energía.

Al mercado no se le puede dejar al garete. Para ello, aquí y en cafarnaúm, se requiere contar con un órgano regulador que “raye la cancha”, establezca las reglas de funcionamiento y vele por el cumplimiento de las mismas.

Claro está que, para que el órgano regulador, en nuestro caso la Creg, cumpla adecuadamente con las funciones y competencias que se le delegaron, debe contar con expertos de primera línea, actuar con criterio técnico e imparcial y dar las señales requeridas a todos los agentes de la cadena. Y, de contera, debe regirse por normas que garanticen el buen gobierno. Todo ello en estos momentos se ha puesto en tela de juicio.

Es entendible y justificado que, si las circunstancias así lo ameritan, el Ministerio de Minas y Energía reasuma las funciones y competencias delegadas en la Creg, así como ha venido ocurriendo en los países que integran la Unión Europea (UE), pero ello debe tener un carácter excepcional y temporal. Al fin y al cabo la misión del Ministerio debe estar centrada en la identificación y caracterización del sector, la formulación, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas.

No cuenta ni con la estructura ni las competencias para asumir las de la Creg en forma permanente. De dicha intervención el sector energético del país debe salir fortalecido, para garantizar tanto la seguridad como la soberanía energética del país, fundamentales para el buen suceso de la economía y el bienestar de los usuarios del servicio.