El derecho a solidarizarse: riqueza de Colombia

Con el desastre sobreviniente del terremoto el pasado 10 de agosto, los colombianos hemos tenido la alegría de constatar, y en mi caso particular, la alegría de reconfirmar, cómo diversos sectores de la sociedad civil gustan de ejercer de manera autónoma y responsable su derecho a solidarizarse.

Por esa manida y repelente tendencia de no reconocer muchas virtudes asociadas al ethos de lo colombiano y estarnos dando palo permanentemente, solemos creer que esa edificante actitud, la de ejercer el derecho a solidarizarse, solo emerge en momentos catastróficos. Afirmo categóricamente que no es así.

Ver a miles de hombres y mujeres de diversas edades haciendo trabajo voluntario en diversos campos de atención social, a decenas y cientos de empresas y empresarios aportando contribuciones económicas significativas, que van más allá de sus deberes impositivos; ver igualmente a gremios, sindicatos, equipos deportivos, así como universidades e iglesias, asociaciones de vecinos y juntas de acción comunal desplegando sus mejores energías y talentos para concurrir solidaria y subsidiariamente en atención a diversas comunidades, y observar a la gran Shakira haciendo presencia empática con el Chocó, claro que produce alegría, pero más alegría y esperanza debe dar a todos los colombianos saber que esas manifestaciones no solo están asociadas al evento telúrico de agosto y a la urgencia que impuso el terremoto, sino que son prácticas cotidianas de todos ellos, que representan una enorme riqueza cultural de la institucionalidad civil colombiana, digna de potenciar e integrar a nuestras apuestas de desarrollo económico, social y político y, sobre todo, a nuestras narrativas y a las formas en que hablamos de nosotros mismos.
Los colombianos hemos superado con creces el numeral 2 del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce como deber de la persona y del ciudadano el obrar conforme al principio de solidaridad social.

Más allá de cumplir el obligado y reglamentado deber de solidaridad, estamos autónoma y responsablemente ejerciendo el derecho a solidarizarnos y participando en la gestión del bien común; estamos dando músculo institucional a la democracia participativa.

Miles han sido los estudiantes de universidades públicas y privadas que desde 1991 han decidido optar por Colombia haciendo sus pasantías a lo largo de todo el territorio de la geografía colombiana, y lo han hecho de manera voluntaria apoyados por los proyectos educativos de sus respectivas universidades. Creciente es el número de empresarios que han decidido, desde 2016 a la fecha, dejar de ser pasivos pagadores de impuestos y convertirse en activos contribuyentes, con el mecanismo de obras por impuestos. Aumentan los bancos de tiempo de profesionales en Colombia prestos a concurrir en la gestión de proyectos sociales.

Todas estas acciones dan autonomía de vuelo a la solidaridad y la sacan del cajón del asistencialismo y del voluntarismo.

La solidaridad y su ejercicio son un activo de la sociedad civil que esta debe ejercer de manera socialmente competente, en perspectiva de democracia y convivencia sostenible.
Evitando las trampas del estadocentrismo colectivista y del hiperindividualismo mercadocéntrico, la solidaridad está llamada a dignificar la vida social y política de las personas, de la comunidad, de las empresas, de los trabajadores y de las diversas expresiones organizadas de la sociedad civil, y a concurrir de manera subsidiaria con las políticas públicas emanadas por las autoridades estatales a nivel nacional y local.