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A días de conocer el fallo de la señora juez en relación con el proceso penal que implica al ciudadano y expresidente Álvaro Uribe Vélez, comparto estas reflexiones respetuosas con mis lectores, con la señora juez y con la comunidad de profesionales del derecho.
Cuatro elementos condicionan mis reflexiones finales en esta columna:
1) Con Álvaro Uribe Vélez conservo una amistad desde el año 2000, la cual valoro. Suelo afirmar de él que es persona de limpieza comunicativa; lo que dice en privado lo refrenda en público y viceversa. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero uno sabe siempre a qué atenerse.
2) Teniendo claro que la figura del jurado de consciencia fue creada en el siglo XIX por el gobierno de José Hilario López y suprimida en el gobierno de Virgilio Barco en el siglo XX, también es cierto que el carácter público del proceso contra Uribe Vélez se potenció con el poder multiplicador de las redes sociales, generando una especie de jurado de conciencia de hecho, conformado por miles de ciudadanos que han tenido oportunidad de hacerse a un criterio propio sobre el proceso; yo soy uno de ellos.
3) Soy un ciudadano entre miles, tal vez entre cientos de miles o millones que, a consciencia, ha hecho un juicio propio sobre la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en el caso que nos ocupa y concluyo que es inocente de los cargos que se le imputan.
4) Al tiempo que observo el proceso de Álvaro Uribe Vélez ante la justicia ordinaria, también logro contrastar cómo se implementa una paralela justicia transicional para la paz, convertida hoy en fórmula transaccional al servicio de la impunidad de reconocidos victimarios violadores de DD.HH.
Hecha la claridad sobre los elementos que condicionan mis reflexiones, procedo con ellas.
La señora juez responsable del caso, llamada a emitir un fallo con apego a la ley, en derecho y vocación de justicia, tiene que hacer sus discernimientos y correspondientes juicios, en un contexto de altísima complejidad.
Complejidad que se materializa en un laberinto de valores y torre de babel en las que nos encontramos los colombianos, fruto de inseguridades jurídicas que no permiten saber si entre el derecho y la justicia aún opera un matrimonio bajo la tutela de la diosa Temis, como debe ser, o si por el contrario, entre el derecho y la justicia hay un divorcio empapelado con interpretaciones tendenciosas de la ley.
Igualmente, la señora juez tramita sus propias reflexiones en un ambiente de desafortunada judicialización de la política y politización de la justicia; en ese contexto, el carácter contingente de ser Álvaro Uribe Vélez un expresidente de la República, con los defensores y detractores que esa condición implica, puede llegar a subordinar el carácter sustancial de que Álvaro Uribe Vélez es, primaria y fundamentalmente, un ciudadano con derecho a un proceso justo y jurídicamente sólido.
Con el respeto que se debe profesar a la señora juez por parte de quienes valoramos las instituciones republicanas, es menester decir que Colombia espera que ella, con su fallo, contribuya a mejorar la confianza en la administración de justicia y a conservar la esperanza en que la dupla derecho-justicia opere como condición necesaria para garantizar la sostenibilidad democrática y republicana de nuestro país.
El temple y respeto con que Álvaro Uribe Vélez concurrió a las audiencias de su proceso; la actitud pedagógica con que sometió su caso al análisis de la comunidad académica en diversos foros universitarios; el rigor que tuvo para informar a la ciudadanía en general sobre diversos momentos de su proceso legal, constatan que él asumió su circunstancia con una responsabilidad cívica que lo enaltece, e igualmente, actuó con la dignidad propia de aquellos seres citados por la historia, toda vez que la historia los tiene entre sus preferidos.
La ausencia de análisis sectoriales y de mecanismos compensatorios afecta a las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial colombiano y operan con márgenes estrechos
Muchas de las grandes empresas, especialmente las que contratan con el Estado, siguen creyendo que sus problemas se solucionan haciendo lobby individual y fletando parlamentarios para las elecciones venideras