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El Gobierno Nacional hace una ambiciosa apuesta por el crecimiento económico con una moderna reforma al sistema tributario y un apretón burocrático.
Grandes propuestas que deben apoyarse: disminución de tarifa de renta y exenciones a sectores que lo requieren (agro y economía naranja); deducciones parciales de impuestos (50% de gravámenes a movimientos financieros y de industria y comercio a empresas); aumento en tarifas a personas naturales de altos ingresos, entre otros, que permitirán que el emprendimiento, la formalización empresarial y la inversión privada sean los principales impulsores del desarrollo económico de corto plazo.
Es evidente la dificultad económica que vivimos y la necesidad urgente de superar un déficit injustamente heredado para mantener el exigente gasto público social.
Sin embargo, existe un debate profundo frente al aumento de la base de productos con IVA, a pesar de la disminución en su tarifa a 17% y la devolución a los sectores más vulnerables. Ojalá se pudiera reducir aún más esa tarifa en el futuro.
Existen dos grandes riesgos con ese aumento: por un lado, que la golpeada clase media será la principal responsable, generando casi las dos terceras partes del recaudo del mismo; y por otro, que puede llegarse a una importante caída en el consumo de productos básicos aún no gravados, con posibles caídas no dimensionados en el crecimiento de importantes sectores. Una propuesta que, además, contraría la idea original de no aumentar impuestos, cuya coherencia será siempre muy bien calificada por la ciudadanía.
El Gobierno tiene en sus manos alternativas viables y de gran impacto para evitar ese aumento de IVA:
• Primero, fortalecer el control a la evasión fiscal detrás de todas las formas de ilegalidad, especialmente, a través de la trazabilidad de las transacciones financieras, reduciendo el monto de efectivo en la economía y castigando fiscalmente su uso, así como generando un sistema de incentivos a la formalización financiera.
• Segundo, una mayor disminución en burocracia, enfocado en eficiencias, destinadas a evitar la duplicidad de funciones, acabando con costosas agencias innecesarias creadas recientemente y revaluando costos del servicio exterior, entre otras cargas, como el excesivo contratismo disfrazado de gastos de inversión.
• Tercero, es urgente revaluar la asignación de costosos subsidios que hacen parte del Presupuesto. En especial, existen dos que deberían ser objeto de una intervención inmediata: en materia pensional, 50% de los subsidios en Colpensiones van a los sectores de más altos ingresos, con un costo estimado de más de $15 billones anuales. Existen muchas pensiones individuales que llegan a recibir subsidios anuales promedio por más de $65 millones, una anomalía que urge corregir. Y en materia de servicios públicos, se estima que más de 7 millones de personas del quintil de más altos ingresos reciben subsidios a servicios públicos, por tener propiedades ubicadas en los estratos 1, 2 y 3. Algo que se podría solucionar con mayor precisión en la información.
Esta es una propuesta alternativa para evitar el aprovechamiento político de los opositores de oficio al desarrollo económico.
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Se aduce para ello que, supuestamente, con el esquema actual, “los usuarios pagan hasta diez veces el valor de la energía, de lo que cuesta generarla”, lo cual no tiene asidero en la realidad
