Pacto Cauca: Acuerdo que no llega

El Cauca, departamento que padece condiciones de crisis conocidas nacional e internacionalmente, muchas veces ha quedado atrapado entre anuncios rimbombantes de inversión y desarrollo y la cruda realidad del aislamiento.

El Gobierno Nacional ha venido pregonando el «Pacto Cauca», una supuesta estrategia de transformación integral, que no es más que un eco reiterado de promesas, una dudosa ilusión, un gran acuerdo entre comunidades y gobiernos para enfrentar los estragos de la violencia, la pobreza y el olvido, no figura en el programa de prioridades del Estado. Solo en sus anuncios, comunicados, titulares, ruedas de prensa, y en una retórica que no pisa territorio.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lo expresó con claridad meridiana el 12 de marzo de 2025: «Valoramos la intención de construir una solución integral, pero es fundamental que este compromiso se traduzca en acciones concretas y sostenibles en el tiempo». Su llamado a la articulación efectiva con la Fuerza Pública, los alcaldes, las organizaciones sociales, la academia y el sector productivo, para sentar las bases de empoderamientos pacifistas y desescalar la violencia, sigue siendo un clamor en el desierto. «Los anuncios deben hacerse realidad», sentenció.

Miremos entonces cómo el ahora exdirector del DNP, Alexander López Maya, el año pasado anunció para su ejecución recursos del orden de $6,5 billones, sumando aportes nacionales, departamentales, municipales y del Sistema General de Regalías. Habló de un ejercicio de construcción colectiva sin precedentes. Las cifras marean, claro, pero seis meses después, son apenas «anuncios sin soporte de gestión real», como bien lo clama un líder cívico preocupado porque en el «Gobierno del Cambio, nada cambia positivamente en el Cauca».

El 24 de abril pasado, en Popayán, se anunció otra vez la firma del Pacto Cauca. Otra vez. Esta vez en boca del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien insistió en que la seguridad necesita inversión social. Es cierto. Pero también es cierto que eso se ha dicho cientos de veces, mientras las comunidades siguen a la espera de una ejecución que no llega.

El alcalde de Popayán y el director de la URT lo dijeron con franqueza: se necesita pasar del acuerdo al hecho. De las comisiones a las construcciones. De las cifras a los cambios reales. Las comunidades, cansadas de tanta retórica, exigen una sola cosa: que el gobierno cumpla.

La frustración es excepcional porque el Pacto Cauca fue presentado como un ejercicio «histórico» de construcción colectiva. Comunidades negras, indígenas, campesinas, los alcaldes de los 42 municipios, el gobernador y los gremios, entre muchos otros actores, aportaron sus ideas para transformar el territorio. Se definieron ejes estratégicos vitales: agua potable y saneamiento básico, reforma agraria, vías terciarias, salud, educación, vivienda y transición energética. Se proyectaron obras de envergadura: la Hidroeléctrica del Cañón del Micay, universidades en el Macizo y Guapi, el Corredor Vía al Mar Popayán-Guapi, la ampliación del Anillo Vial del Macizo Colombiano, el Anillo Vial del Norte, el Distrito Agroindustrial del Sur del Cauca y proyectos productivos como las Cadenas del Coco y el fortalecimiento de la cadena de Camarón.

Los anuncios no han cesado y las ejecuciones no han comenzado. Pero es más, lo que sí se ha iniciado, se ha tenido que ir recuperando porque se estaba transformando en «elefantes blancos» como el hospital regional Francisco de Paula Santander.

La verdad es que, a pesar de todo, y la situación que padece el Cauca, ¡todavía no hay nada! Los anuncios se acumulan, los recursos se cuantifican en el papel, pero la tierra caucana sigue esperando acciones reales.

Es más, a esta desilusión generalizada se suma la frustración de observar y sentir la casi inútil gestión de la segunda autoridad más importante de la nación: la vicepresidenta Francia Márquez. Originaria de uno de los municipios caucanos más afectados por las circunstancias negativas que caracterizan la región, su ascenso a la segunda magistratura del país se celebró como un triunfo histórico para las comunidades afros, mestizas e indígenas del Cauca. Sin embargo, su gestión ha sido tan invisible como los proyectos del Pacto Cauca. Es una desmoralizadora ironía que la figura que simboliza la esperanza de cambio para muchos, no haya logrado materializarlo en su propia tierra. Esa ausencia institucional no pasa desapercibida ni se perdona fácilmente.

El «Pacto Cauca» se ha convertido en un monumento a la frustración, un recordatorio doloroso de que la palabra del Estado, cuando no se traduce en hechos, es solo una promesa vacía. El Cauca no necesita más anuncios; clama por ejecuciones, por la materialización de una paz con justicia social que, hasta ahora, solo ha sido una quimera.

Y el tiempo se agota: quedan quince meses de gobierno. Quince meses para evitar que el llamado Pacto Cauca no sea recordado como otro ejercicio fallido de propaganda estatal.