El crédito agropecuario, andamiaje de la seguridad alimentaria

Un 70% de la comida en Colombia es el fruto del trabajo de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, pero son ellos quienes enfrentan la paradoja más injusta: su labor es esencial para la población nacional, pero sus condiciones económicas son las más vulnerables. Que ellos puedan acceder a crédito, en las mejores condiciones mercado para impulsar sus proyectos productivos, no es hablar de maximización de utilidades corporativas; es hablar de dignidad y justicia social.

La seguridad alimentaria permite la estabilidad social y económica que no se sostiene sobre el libre mercado; lo hace sobre una ingeniería institucional específica creada en 1990: el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, Snca.

¿Por qué el mercado, dejado a su libre albedrío, no financiaría adecuadamente el campo? Existen varias razones, pero nombraría tres. La primera, es la falta del colateral. Con un 52% de informalidad en la tenencia de la tierra, la mayoría de los productores carece de las garantías reales para respaldar un crédito. La segunda, las asimetrías de información y riesgo. La producción de alimentos está sujeta a la tiranía del clima y a coyunturas sanitarias y la tercera, los altos costos de transacción. 78% de los productores potenciales vive por debajo del salario mínimo y solicitan montos bajos, lo que implica costos operativos fijos altos para una entidad financiera.

En este sentido, el Snca no es una política pública transitoria; es un mandato anclado en los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de 1991, que ordena proteger la producción de alimentos mediante condiciones crediticias diferenciadas. La genialidad del Sistema reside en su diseño para alinear los incentivos privados con el interés público. Un mecanismo como las inversiones forzosas demuestra una comprensión profunda del ecosistema productivo. Este andamiaje, asegura que el capital irrigue todo el sistema productivo - de la parcela a la mesa, incorpore criterios de sostenibilidad, enfrente el cambio climático y apunte a equilibrar la equidad social con la eficiencia económica.

Los resultados validan el diseño. Desde 1991 el sistema ha canalizado $449 billones en crédito (valores constantes de 2024), 2,3 millones de productores han accedido a financiamiento desde 2000; 84% pequeños, precisamente el segmento priorizado por la ingeniería del sistema. La cartera de $50,4 billones, en 1,1 millones de operaciones, equivale a 28% del PIB agropecuario. Esta es la evidencia de un sistema que funciona, que incluye y que genera inversión productiva en todos los niveles. Defender y perfeccionar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario no es solo proteger a los agricultores; sino también la mesa de cada colombiano, garantizar la cohesión social y cumplir con el deber histórico de construir una nación viable, justa y equitativa.