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En junio, el ministro de Hacienda suspendió la Regla fiscal durante tres años. Cuestión que nos preocupa a los economistas y a diferentes entidades del ámbito económico. Y es preocupante sobre todo porque, para cubrir el déficit fiscal, a la alta deuda actual se le va a sumar más deuda y a mayores intereses debido a la calificación actual de la deuda que está en “grado de inversión” con perspectiva negativa, según Moody’s y S&P.
El problema anterior se puede entender haciendo un símil con un hogar. Un hogar tiene unos ingresos y unos gastos, y los primeros no alcanzan para cubrir los segundos. Hay un déficit presupuestal familiar, que se cubre con deuda que tiene que pagar capital e intereses, para los años siguientes.
Cada año los gastos aumentan en mayor proporción que los ingresos y, para cubrir los gastos en aumento la familia pide otro préstamo. Tarde o temprano la familia no puede pagar la deuda y le toca o renegociar con los bancos o entrar en cesación de pagos, lo que para un país sería default.
La solución alternativa para la familia es racionalizar los gastos o aumentar los ingresos, pero cuando los gastos son inflexibles a la baja la única alternativa es aumentar los ingresos, dado que le queda muy costoso endeudarse más porque podría estar en las centrales de riesgo.
En el Presupuesto General de la Nación, PGN, de 2025, se asignaron $112 billones (21% del PGN) para el servicio de la deuda. Si ya se lleva una parte importante del PGN, en los próximos tres años sin regla fiscal, será mayor, lo que, en teoría, llevaría a menos recursos en otros rubros importantes, pero las inflexibilidades del PGN, correspondientes a gastos obligados, perentorios y constitucionales, hace que esto no sea posible. Entre los anteriores gastos están: la misma deuda, el Sistema General de Participaciones, SGP, gasto de personal, salud, pensiones y vigencias futuras, entre otros.
Hay dos temas que complican el cumplimiento del PGN y contribuyen con las inflexibilidades. El primero son los compromisos adquiridos en vigencias pasadas para cubrir en el futuro (vigencias futuras) y los gastos que se posponen para pago de un año al siguiente (rezagos presupuestales).
Las vigencias futuras, VF, son rubros que se incluyen en el PGN de cada año y que provienen de gastos de funcionamiento e inversión de años anteriores. Han sido importantes en el desarrollo de infraestructura en el país a través, por ejemplo, de las Asociaciones Público Privadas, APP, pero disminuyen la inversión futura y como lo dice Corficolombiana: “En la preparación del PGN 2025, estimamos que cerca de la mitad de la inversión ya podría estar comprometida en VF. Las VF para inversión se estiman en 42% del total de la inversión nacional en 2025, superando incluso la estimación para 2024 (36,2%)”
Otro asunto que preocupa es el uso creciente de los rezagos presupuestales para pagar mañana lo que se debería pagar hoy. Cada vigencia tiene que cubrir gastos rezagados, lo que inflexibiliza cada vez más el PGN y contribuye a aumentar el déficit fiscal.
En 2024, por ejemplo, y según Anif, 13,4% del PGN 2024 ($55,4 billones) era de rezago presupuestal, nivel más alto desde 2012.
Si a la eliminación de la Regla Fiscal se le suma el incremento del servicio de la deuda, las vigencias futuras y los rezagos presupuestales, entonces se compromete el cumplimiento real del PGN de cada año, y esto puede llevar con los años a los mismos problemas de la familia: renegociar deuda o entrar en default (cesación de pagos).
Muchas de las grandes empresas, especialmente las que contratan con el Estado, siguen creyendo que sus problemas se solucionan haciendo lobby individual y fletando parlamentarios para las elecciones venideras