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Transparencia por Colombia (TC) es una organización no gubernamental que lucha contra la corrupción en nuestro país, está adscrita a Transparencia Internacional (TI), que está presente en más de 110 países, en los cuales busca una mayor transparencia en las entidades de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y en los organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.
En reciente carta de TC al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, dice lo siguiente: “Durante varios años, la Fiscalía General de la Nación ha presentado debilidades en sus políticas de ingreso y evaluación de desempeño de su personal, así como en sus políticas y medidas de lucha contra la corrupción a nivel interno, tal como lo reiteró nuestro Índice de Transparencia de las Entidades Públicas 2015-2016 donde la entidad apenas logró 53,2 puntos de 100 posibles, indicando un nivel alto de riesgo de corrupción”.
No es de poca monta este pedido de TC a la Fiscalía, perteneciente a la rama judicial. Si el índice de transparencia (IT) fuera de 100 puntos indica que la entidad es 100% transparente ponderando tres factores, visibilidad, institucionalidad y sanción, y control. Una entidad judicial como la Fiscalía debería tener 100 puntos, pero solo tiene 53,2 lo que indica que tiene un alto riesgo de corrupción en su interior. Transparencia Colombia ya había advertido sobre este asunto.
En dicho informe que menciona TC de 2015-2016, también hay datos interesantes sobre los órganos de control en el IT promedio (pondera visibilidad, institucionalidad y sanción, y control). La Contraloría General de la República saca 80 y la Procuraduría General de la Nación saca 65, indicando que la Contraloría es más transparente que la Procuraduría.
En las ramas del poder en Colombia, las dos ramas con mayor riesgo de corrupción en el aspecto de sanción y control son la rama legislativa que tiene un puntaje de 44,6 y la judicial que tiene un puntaje de 42,4.
En el poder legislativo y en la medición del IT promedio le va un poco mejor a la Cámara de Representantes sobre el Senado de la República, la primera saca 61,3 y el segundo 55,5, lo que indica que existe mayor riesgo de corrupción en el Senado que en la Cámara.
El poder ejecutivo tiene un IT promedio de todas las entidades de 68,6, lo que indica que no está ajeno a los riesgos de corrupción.
Por otro lado, a finales del 2016 el contralor general Edgardo Maya Villazón presentó el informe para ese año sobre hallazgos fiscales de la Contraloría (organismo más transparente según IT) en el cual da alguna información preocupante.
Lo principal es que, solo durante 2016, se encontraron 9.819 hallazgos, de los cuales 1.201 tienen una incidencia fiscal de $9,9 billones, lo que equivale a una reforma tributaria como la recientemente aprobada. Es decir, los ciudadanos y las empresas estamos pagándole a los corruptos con los impuestos.
Especialmente preocupante es el caso del Sistema General de Participación (SGP) y del Sistema General de Regalías (SGR). Como es sabido, estos dos sistemas son los que redistribuyen los ingresos vía transferencias (subsidios) a las regiones más pobres. Según el Contralor, la concentración es evidente tanto en el SGP como en el SGR. Solamente en el SGR hubo hallazgos fiscales por $466.000 millones. En Colombia se siguen robando los recursos destinados a lograr un mejor desarrollo económico, por lo que si no controlamos la corrupción, seguiremos siendo una pobre república bananera.
