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En el país hay en curso unos 107 procesos de revocatoria a mandatos populares, incluido el que padecemos los bogotanos. Esta proliferación casi delirante sugiere que, no obstante las muy buenas intenciones en que fue engendrada en 1994, se trata de una figura que se debe reformar muy a fondo, conservándole su alma democrática y quitándole su ropaje cantinflesco. Es imposible que se trate de procesos serios, siendo cierto que los sujetos del engendro, administraciones elegidas democráticamente por cuatro años, apenas empiezan a tomar vuelo.
Uno de los puntos importantes que respaldan la urgencia de reformar a fondo el engendro, es la dimensión fiscal que, con buen tino, esbozó recientemente el ministro Cárdenas. El engendro implicaría, según el informe sobre solicitudes de revocatorias, hecho por el Registrador Nacional, la bobadita de $98.000 millones, los cuales no estaban programados en el presupuesto de la Entidad. Así mismo, en el informe se destaca que, de ser revocados todos los mandatarios, se requerirían alrededor de $100.000 millones adicionales para los procesos electorales subsecuentes.
Unos ejemplos comparativos, para ubicarnos. La Defensa Civil Colombiana tiene un presupuesto de $24.600 millones. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- Ideam, cuenta con $71.000 millones. El costo del engendro bogotano superaría los $35.000 millones, cifra que en términos relativos corresponde al presupuesto consolidado de funcionamiento de los Sectores de Desarrollo económico, industria y turismo ($38.000 millones), o de Integración Social ($40.000 millones).
El costo del engendro, que es una cuenta de cobro a los contribuyentes o un bajonazo presupuestal para esta o aquella entidad, debe ser parte de una reflexión más amplia sobre la naturaleza de su reforma, independientemente de si el palo fiscal está o no está para cucharas. Y lo cierto es que el palo fiscal actual dista mucho de estar siquiera para cucharitas.
El déficit fiscal subió de 2,4% del PIB en 2014 a 4% del PIB en 2016, con el correspondiente aumento de la deuda neta a niveles superiores a 41%, cifra que no incluye el 10% del PIB, representado en obligaciones contantes y sonantes derivadas de las llamadas Vigencias Futuras.
Bastante oficio tiene ya el Gobierno para bajar el déficit al 3,3% que se ha puesto como meta. En la actualización que hace de su plan financiero, se ve que el ajuste contemplado no solo incluye el tortazo tributario proveniente de la última reforma --tortazo que vale 0,7% del PIB-- sino un recorte de gasto equivalente a 0,5% del PIB.
Hay dos preguntas que deberían ser parte integral de la fiebre revocatoria: (1) ¿A qué parte del sector público le recortamos su presupuesto? y (2) ¿Qué impuesto nuevo nos inventamos?
