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De acuerdo al ente gubernamental, la sanción se dio a causa de que la empresa violó algunos derechos personales, pues no pidió autorización para el tratamiento de datos de los usuarios. Según Felipe García, superintendente encargado, "que a uno le llegue información comercial no es ilegal, lo que sucede es que estas bases de datos deben tener la autorización del titular, si no la tienen se constituye en una violación de los datos personales”.
A lo que agregó que “si el usuario da la autorización también puede pedir que lo borren de las bases de datos, y es cuando se incumple con esta obligación de borrar la información que se está violando también esta norma, como le sucedió a Linio”.
Cabe señalar que desde el 2010, la Superindustria ha impuesto sanciones a más de 600 empresas que equivalen a más de $21.000 millones.
De este total de las utilidades, $242.035 millones se destinaron a la reserva de expansión, mientras que $103.729 millones como dividendos ordinarios
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