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David Arce Rojas, gerente de Asuntos Corporativos de la firma Oleoducto al Pacífico SAS, de origen colombiano, dijo que el tema de consultas con las comunidades avanza a buen ritmo y aspiran a que para el segundo semestre de este año el proceso esté concluido.
“En octubre del año pasado iniciamos las consultas previas, de las 8 comunidades indígenas del Tolima ya tenemos acuerdos con 5 de ellas. En Buenaventura se encontraron 6 étnicas afrocolombianas y ya tenemos preconsulta con 3 y pronto arrancaremos con las otras 3”, dijo el directivo.
Agregó que una vez concluya este proceso continúan con los estudios de impacto ambiental del oleoducto, que tiene 780 kilómetros, los cuales estarían listos para el primer trimestre del 2016.
“Luego se deben someter a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que se tomará varios meses y posteriormente viene la firma del contrato de concesión, con ello se buscarán más inversionistas”, dijo el directivo.
La construcción de oleoducto se calcula que demora unos 18 meses, es decir, que para finales del 2018 o 2019 empezaría a operar. Se estima que la ejecución de este proyecto implicará inversiones por US$5000 millones.
El oleoducto sale de San Martín, Meta, atraviesa Huila, Tolima y Valle del Cauca; sería dos tuberías: una para exporta crudo y otra para importar diluyente. Adicionalmente se contará con una central de mantenimiento y mezcla al sur de Buenaventura y se tendrán 25 kilómetros de tubería submarina para llegar directamente al puerto.
El proyecto tiene una capacidad inicial de transporte de 230.000 barriles día, que puede ascender a 450.000 barriles día. “Hemos tenido gran apoyo del Gobierno y también de las comunidades, es así como el trazado inicial tuvo un pequeño cambio en San Antonio, Tolima, para no impactar una laguna y estamos escuchando a las comunidades que son los que saben y conocen el territorio”, dijo David Arce.
La firma Oleoducto al Pacífico cuenta con socios como las compañías Talisman, Vitol, ISA, Cenit, Enbridge y ahora TGI.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, se podrían convocar jornadas extraordinarias; de no lograrse el acuerdo, el Gobierno podría fijar el aumento vía decreto
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