El gran rollo celular

En 1994, el Gobierno concedió a seis empresas concesiones de telefonía celular por 10 años, prorrogables por igual plazo contra un pago de US$560 millones. Tres años más tarde, Saulo Arboleda, Ministro de Comunicaciones de la época, posteriormente conocido por el escándalo del miti-miti, prorrogó los contratos de 2004 a 2014 a cambio de un pago de US$130 millones. En su momento, observadores del sector consideraron lesivo para el Estado cambiar las obligaciones preestablecidas antes de su vencimiento.

En 1998, el ministro José Fernando Bautista, viceministro de Arboleda que asumió su cargo y quien fue presidente del gremio de empresas celulares de 2000 a 2005, firmó la ley 422 mientras el presidente Samper era investigado por el proceso 8000. La ley 422 liberó a las empresas celulares de su obligación de devolver los equipos, torres, oficinas y demás activos al vencimiento de su concesión. Hay que resaltar que las empresas beneficiadas por este cambio contractual no fueron Claro y Movistar, que adquirirían estas operaciones en 2001 y 2004.

Movistar y Claro siguieron invirtiendo en activos después de comprar las operaciones celulares con el supuesto de que los activos no revertirían a la Nación al final de su concesión en 2014. Sin embargo, ante la polémica renovación de la concesión de Cerromatoso en 2012, la Contraloría, bajo la valiente batuta de Sandra Morelli, impulsó una revisión de todos los contratos de concesión. Esta revisión culminó con una demanda ante la Corte Constitucional del articulado de la ley 422 que les permitía a las empresas celulares quedarse con los activos pertenecientes a la Nación, según los contratos firmados inicialmente. La demanda fue interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Arango, quién según sus declaraciones a la prensa manifestó que “se sintió obligado a evitar que las compañías de telefonía móvil le hagan un inmenso daño al patrimonio del Estado”.

La Corte Constitucional, instancia definitiva en el caso, en su sentencia C555 de 2013, le dio la razón a Arango, con salvamento de voto por parte de su controvertido presidente Jorge Pretelt. El valor estimado de los activos de las empresas de telecomunicaciones implicadas está entre $12 billones y $18 billones, equivalente a tres o cuatro reformas tributarias como la recién aprobada, y, a aproximadamente toda la inversión realizada en Reficar, incluyendo sobrecostos. Ciertos de estos activos, de propiedad de la Nación ya fueron vendidos por las empresas.

Al vencimiento de las licencias de concesión en marzo de 2014, Diego Molano Vega, quien fuera alto funcionario de Telefónica por cinco años antes de ser ministro de Telecomunicaciones, renovó las mismas sin permitir la participación de terceros y sin exigir la devolución de los activos de propiedad de la Nación. Hoy en día, Claro y Movistar gozan del uso de estos activos sin pagar arrendamiento, mientras esperan el fallo del tribunal de arbitramento convocado por el mencionado ministro.

Tanto las empresas celulares como el ministerio de telecomunicaciones tienen sus argumentos en este diferendo. Sin embargo, con una Contraloría menos tozuda, un ministerio de corte más político y, dada la polémica historia de los fallos que se han dado en este sector, es imprescindible que exista total transparencia y seguimiento del proceso desde la opinión pública y todos los entes de control para evitar que, de nuevo, se afecte el patrimonio de los colombianos.