La ingeniería nacional y las obras públicas

Los megaproyectos de infraestructura que se hacen en el mundo son ejecutados por firmas públicas y privadas que poseen suficiente capacidad financiera y cuentan con sofisticadas técnicas de ingeniería que optimizan recursos, dentro de lo cual, la variable tiempo para entregar las obras es determinante. Pero en nuestro país, el modelo no puede decirse que ha dado los resultados esperados, por distintos factores, que van desde el mismo esquema de contratación, los diseños e interventorías, y el mismo sistema de estructuración financiera y pago por parte del Estado.

Los ejemplos recientes que desdicen de lo que nos pasa en la materia son elocuentes: la doble calzada Bogotá-Sogamoso se está haciendo hace más de 10 años, y la ampliación de la vía Bogotá-Girardot debió ser entregada hace cuatro años. En este último proyecto, de 125 kilómetros de carretera pavimentada, se han ejecutado menos de 20 kilómetros por año, lo cual resulta increíble desde cualquier punto de vista. Para ser justos, hay obras, como el nuevo aeropuerto Eldorado, en las que se ha demostrado una gran eficiencia por parte de los contratistas nacionales. 

¿La solución es entonces entregar la construcción de las obras a las empresas extranjeras con gran capacidad financiera y alta tecnología? 

Los gremios han lanzado una alerta, debido a que la nueva reglamentación para la contratación de obras públicas les pone más peso a las condiciones financieras de las firmas de ingeniería que a su capacidad técnica. De esa manera, las compañías nacionales quedarían por fuera de los procesos y solo muy pocas tendrían opción, pues la capacidad de competir frente a las firmas extranjeras sería muy limitada. Entregar los proyectos a firmas foráneas no garantiza una pronta y eficiente ejecución, al igual que tampoco la necesaria transferencia de tecnología, pues está comprobado que una vez se obtiene la obra por parte del extranjero, se subcontrata con locales. 

El asunto merece análisis de las autoridades encargadas de reglamentar la Ley de Infraestructura, para tener en cuenta aspectos reclamados por las asociaciones, y que van más allá de la mera capacidad financiera, como son tecnología y organización empresarial, aspectos sobre los cuales hay consenso que poseen con suficiencia las firmas nacionales. Merece una evaluación detallada la reglamentación de los llamados contratos de obra pública, en los cuales el Gobierno entrega el dinero para que un contratista ejecute las obras, proyectos que no necesariamente son de gran tamaño. El Gobierno no tiene que acoger las peticiones y sugerencias de las compañías nacionales, pero tampoco desatenderlas, más si en la misma ley lo establece casi de manera perentoria. Incluso como un mecanismo de protección para evitar después que los tribunales las declaren ilegales.