La competitividad responsable es, en estos días, el resultado de la exigencia que la sociedad reclama a las organizaciones, el respeto por los derechos humanos, por los derechos ambientales y los de la comunidad en general; de manera que se espera que las entidades cumplan con un rol social y ciudadano en el entorno en el que se desenvuelven.
Así, el reto que enfrentan tanto las instituciones públicas como las privadas es ser competitivas pero con ventajas sostenibles, para lo cual deberán integrar una visión socialmente responsable al concepto de Competitividad.
La planeación estratégica de las instituciones debe trascender de la mera rentabilidad económica a la alineación de objetivos y expectativas sociales de la comunidad, basando su direccionamiento en buenas prácticas de gobierno corporativo y en un comportamiento ético sólido, sobre el cual se simiente la toma de decisiones; es decir que las acciones de la dirección deben estar encaminadas a la ejecución del plan de negocios y, al mismo tiempo, deben dar respuesta a los intereses de la comunidad.
Como bien lo anota Porter al definirlo, “el valor compartido supone crear utilidades económicas y al mismo tiempo, contribuir con el progreso, abordando los más apremiantes desafíos de la sociedad. En otras palabras supone en ir mas allá de la caridad, asistencialismo o filantropía propia de la responsabilidad social empresarial, para aplicar una estrategia a largo plazo que combine el lucro de la empresa con el bienestar social”. Los actores que generan impacto social llevan implícito el concepto de Responsabilidad Social; es así como lo ha hecho la Universidad del Rosario, desde diferentes escenarios académicos y desde su Función Sustantiva de Extensión, vinculando estudiantes, personal administrativo, padres de familia, docentes y, en general, toda la comunidad aledaña a sus sedes.
En este sentido, se han puesto al servicio de la comunidad en general los conocimientos adquiridos al interior de la institución, por parte de los estudiantes, docentes y administrativos; con lo anterior, se ha logrado un impacto que trasciende el asistencialismo filantrópico, de manera que los futuros líderes impacten y permeen sus procesos de gestión con políticas y prácticas con Responsabilidad Social; y que, además, estos procesos sean sustentables en el entorno y mejoren la calidad de vida de sus colaboradores, aliados y comunidad vulnerable cercana.
La flexibilidad y adaptabilidad que se le den a los programas de productividad en términos sostenibles serán los que tengan en cuenta los stakeholders y los que den a las instituciones la valoración que merecen, no solo por su contribución al fortalecimiento de la institución sino, a la transparencia en sus procesos y el impacto positivo que le proporcione a su entorno, a través de una responsabilidad estratégica que genere valor a la organización.
Todo lo anterior constituye un sistema integrado de Competitividad Responsable de cara al Estado, donde cada una de las expresiones académicas tienen claro como contribuir a un país más productivo pero también con beneficios ciertos para mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Una economía exportadora genera competitividad
El país se ha propuesto una meta ambiciosa en materia de competitivida. “En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina, tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos medios-altos a través de una economía exportadora de bienes y servicios, de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión.
