En este último mes se ha estado cocinando la idea de un tratado vinculante para empresas, para la protección y respeto de los derechos humanos.
La idea nació tras una propuesta presentada por Ecuador al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para realizar un estudio sobre la necesidad “de avanzar un marco de trabajo legalmente vinculante” en derechos humanos y empresas, dicha iniciativa contó con el apoyo de los estados Africanos, Árabes, Pakistán, Sri Lanka, Kyrgyzstán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú, entre otros.
Varios debates se han desencadenado tras dicha propuesta, tales como el realizado el pasado 14 de mayo en la Universidad de Notre Dame. Quienes apoyan la propuesta señalan que los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos” de John Ruggie al hacer parte del llamado “soft law o “derechos blandos” no son vinculantes para las empresas y con ello pierden importancia y fuerza al no poder ser sancionadas aquellas por no aplicarlo. Creen que tras varios acontecimientos de violaciones a los derechos humanos por empresas, como lo que ha sucedido con las muertes de miles de trabajadores en fábricas en Bangladesh, y asesinatos de comunidades como ha ocurrido en Nigeria con Ken Saro-Wiwa, entre otros miles de casos, las empresas deben empezar a hacerse responsables de estas violaciones de forma directa y efectiva, por lo que un tratado podría generar el nivel de obligatoriedad de forma efectiva. También opinan que un tratado ayudaría a organizar el tema de empresas y derechos humanos de manera comprensible y, por ende, aplicable.
Los opositores a la idea del tratado señalan que la elaboración y negociación del mismo sería muy difícil, en cuanto requeriría del apoyo de los múltiples sectores económicos. También señalan que los tratados son firmados y ratificados por los Estados como sujetos de derecho internacional y no las empresas. Se observa, sin embargo que sí se está cuestionando la capacidad de liderazgo de cada Estado para hacer respetar los derechos humanos al interior, por parte de sus nacionales. Se cree que el lobby que realizarían las empresas para que dicho tratado no sería firmado por los Estados, bajo la presión de la inversión extrajera que generan dichas organizaciones en su país, haría inviable cualquier proyecto de tratado.
Así las cosas, es de preguntarse: ¿Cuál sería el contenido de dicho tratado? ¿Qué sectores económicos o empresas incluiría? ¿Qué derechos protegería?, ¿Habría sanciones? ¿La competencia la tendría un tribunal nacional o uno internacional?
El pasado 26 de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la propuesta presentada por Ecuador y Sur África para empezar a estudiarla.
Cabe recordar que en varias ocasiones en el pasado se ha intentado elaborar documentos que cuenten con mayor obligatoriedad para las empresas, tales como el Código de Conducta de las Naciones Unidas para las Empresas, en 1983 y las “Normas sobre la responsabilidad de las Empresas Transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, en 2003, dos iniciativas sin éxito. Debates aquellos que deberán tenerse en cuenta para no cometer los errores del pasado.
Mientras el debate sigue, es de alertar a las empresas sobre la importancia de respetar y promover los derechos humanos, aun cuando hoy se trate de un tema voluntario, y alertar al Estado para que motive a las empresas y no llegar al extremo de necesitar una norma vinculante que conlleve sanciones millonarias.
Falta conciencia en las firmas sobre este tema
Se ha cuestionado la falta de preocupación en el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, a punto tal que se ha hablado de “empresas vacías”, como lo señala la autora del libro “No Logo”, por cuanto se han dedicado a vender una marca y no un producto como tal, al subcontratar absolutamente todos los servicios y así no hacerse responsable de los trabajadores en su cadena de suministro.
