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Su directora y fundadora, Gina Potes Aguirre, comenta que hoy tienen solo el respaldo de la organización Alan González Cirugía Plástica & Tratamientos no Quirúrgicos, la firma de seguros QBE y la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
“La gente nos conoce, hemos pedido apoyo a través de medios de comunicación; el Gobierno y las autoridades conocen de nuestra problemática, pero hasta ahora no nos han ofrecido colaboración alguna”, cuenta Potes, cuya tragedia personal dio origen a la fundación. Reconstruyendo Rostros nació en octubre de 2012 como Asociación Rostros Sin Ácido. Un año después, en octubre, el proyecto cambió a la razón social que hoy posee. El cambio de nombre fue resultado de una búsqueda de más oportunidades y tener un mejor un mejor campo de acción como fundación, para conseguir recursos.
El objetivo principal de Reconstruyendo Rostros son las mujeres víctimas. Actualmente, 50 se benefician de su gestión, que se define en conseguir tratamientos médico-quirúrgicos enfocados hacia la parte reconstructiva de manera estética, la educación profesional y apoyo para sus hijos, vivienda y oportunidades laborales permanentes. “Lo que hacemos es trabajar desde el corazón, conseguir médicos como los doctores Luis Eduardo Bermúdez y Alan González, quienes nos apoyan con cirugías”, detalla Potes. Con la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá, el respaldo ha sido laboral y jurídico. Cinco de las víctimas, de hecho, han trabajado en el Plan de Desarrollo del Distrito Capital. La empresa QBE Seguros, por su parte, se comprometió a donar 1% de cada Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que vendan.
De 80 a 100 cirugías por víctima
Alan González, director científico de la fundación Reconstruyendo Rostros, dijo que el principal agravante de los ataques con ácido en Colombia es que su sistema jurídico no está preparado para tratar este modelo de agresión, que ha sido copiado de otros países. No en vano, esta semana se conoció que en el Congreso será presentada una propuesta para aumentar las penas a los responsables. (Ver recuadro) “Por eso ha tomado a todos de sorpresa para entender la real connotación que tiene esta problemática, y es que sus víctimas requieren de un apoyo integral”, advirtió el cirujano plástico.
La organización Alan González Cirugía Plástica & Tratamientos no Quirúrgicos ha intervenido en los últimos cuatro años a 10 de las víctimas arropadas por la fundación, sin ningún costo. En total, han sido practicadas 26 entradas al quirófano y 86 procedimientos quirúrgicos. “Al año operamos, en promedio, de tres a cuatro pacientes que requieren de varios procedimientos”.
González explica que una cirugía es un procedimiento en el que se interviene una zona del cuerpo; y un tiempo quirúrgico es el lapso que dura la paciente en el quirófano, en el cual puede recibir varias cirugías. La atención, sin embargo, no puede ser solo médica. El especialista insiste en que las víctimas requieren también de apoyo social, para que en su entorno no las hagan sentir diferentes; laboral, para que no les quiten el trabajo a causa de su apariencia; económico, para que tengan recursos con que sostener sus familias; y vivienda, ya que muchas viven en habitaciones alquiladas.
Las EPS no cubren operaciones
A Gina Potes la vida le cambió el 28 de octubre de 1996. Una persona le roció ese día ácido sulfúrico y le causó quemaduras de tercer y cuarto grado en la cara, el cuello y tórax. Desde entonces, ha sido sometida más de 25 veces a intervenciones quirúrgicas, como microcirugías, colgajos libres (cobertura a extensas pérdidas de piel), injertos, colocación de expansores y zetaplastias (alargar una herida o cicatriz).
El dinero para pagar los tratamientos médicos los ha conseguido por su cuenta, para comprar los utensilios que ha requerido su recuperación: licras, siliconas, gasas, medicamentos cicatrizantes, cremas hidratantes y protectores solares, entre otros.
Una realidad que vive la mayoría de mujeres cuya integridad ha sido afectada con estas sustancias. Según denuncian desde la fundación Reconstruyendo Rostros, en Colombia es usual que las cirugías practicadas a víctimas de ataques con ácido sean consideradas estéticas. “Un hecho que riñe con la realidad, ya que deben ser valoradas como reconstructivas, así las cosas, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) no atienden estas lesiones”, advierte Potes.
Proyecto de ley para “endurecer” penas a atacantes
El caso de Natalia Ponce, quien el 27 de marzo pasado fue atacada con ácido, reabrió la polémica sobre la legislación actual y sus sanciones para los responsables. La representante a la Cámara por el Mira, Gloria Stella Díaz, anunció que presentará una iniciativa que se denominará Ley Antiácido, “para endurecer las penas”. De momento, este ataque es considerado lesiones personales, con penas desde 16 años de prisión. Con el proyecto, ese mínimo se aumentaría a 30 años.
Las opiniones
Gina Potes Aguirre
Directora de la fundación Reconstruyendo Rostros “Hemos pedido apoyo a través de medios de comunicación. El Gobierno conoce de nuestra problemática, pero no nos han apoyado. No tenemos recursos de ninguna clase”.
Gloria Stella Díaz
Representante a la Cámara por el Mira “Las penas siguen siendo bajas para el daño que causan los agresores, por eso insistiremos en que se cambie la calificación del delito y se permita que la pena mínima sea de 30 años”.
Alan González
Cirujano Plástico
“La reconstrucción corporal es importante, pero más es a la vida familiar, social y laboral, lo cual es muy deprimente porque el apoyo de la sociedad colombiana es casi nulo”.
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