¿Y si el parque automotor sigue creciendo, qué?

Desde hace rato que tener carro en Colombia dejó de ser un lujo y se convirtió en un bien necesario, ni qué decir de las motos que hoy en día son un auténtico producto de consumo masivo. Por las calles y carreteras colombianas circulan más de 18 millones de vehículos automotores, de los cuales 10,93 millones son motos; 6,94 están registrados como automóviles, camionetas, camperos o camiones, y unos 196.206 pertenecen a la categoría de maquinaria más especializada.

Dedicados al servicio público son más de 900.000 de ese universo de 18 millones; más de 185.000 dicen usarse como transporte especializado y más de 16 millones millones son los típicos carros de desplazamiento familiar o personal. Todo ese parque automotor es viable porque el país dispone de una red de carreteras de 206.102 kilómetros, de los cuales 16.983 son red primaria, 44.400 secundaria y 142.284 terciaria, es decir carreteables rurales sin mayor mantenimiento. A lo que se pueden sumar otros cientos de kilómetros (no llegan a miles) que son calles, carreras, diagonales, transversales y autopistas urbanas, por lo general pavimentadas o en relativo buen estado, que componen los pueblos y las ciudades.

Todos esos 18 millones de automotores pagan impuestos de rodamiento, semaforización, seguros y revisiones tecno mecánicas, para que puedan disfrutarse y hagan uso de esa gran autopista nacional por la que andan vehículos movidos por combustibles fósiles como la gasolina y el diésel; solo circulan unos pocos 60.000 vehículos eléctricos, pero en ascenso. Una suerte de sistema de movilidad basada en carros que mueven la economía nacional a través del sector transporte con todas sus derivaciones comerciales.

Es la verdadera espina dorsal de la economía, de la movilidad, pieza fundamental de la competitividad y el comercio interno y externo del país. Sincronizar esos dos mundos (automotores con carreteras) es una de las obligaciones que siempre tienen los alcaldes, gobernadores y presidentes de turno, y que no han hecho nada bien en las últimas décadas; siempre las necesidades de movilidad y transporte de las personas naturales y jurídicas han desnudado la poca planeación y prospectiva en ese sector primordial para la generación de bienestar.

Los días sin carro ni motos que se inventaron los gobernantes bogotanos hace una par de décadas, le han servido a los dirigentes para pensar cómo mover a la gente sin generar traumatismos y redefinir los valores sostenibles de pueblos y ciudades más amigables y menos dañinas con el ambiente. Este año, que ya avanza en su segundo mes, tiene previsto poner en el mercado alrededor de 260.000 vehículos nuevos y 750.000 motocicletas nuevas, que llegarán a abultar las calles y ciudades, sin que las autoridades avancen en la chatarrización de los más viejos y la sanción a los más dañinos y contaminantes.

Colombia es de los pocos países de la Ocde en donde hay un ministerio que agrupe las políticas públicas de transporte con las de obras públicas o infraestructura, una macrocartera que no tiene la capacidad de sentarse a articular soluciones estructurales para un sector. Una cosa es poner normas para los automotores y otra muy distinta hacer carreteras. Ahora que todo se está cambiando, quizá una buena idea es dividir esta gestión para que sea más eficiente e interprete más a los usuarios del parque automotor.