Un país tomado por las vías de hecho

Si comparamos los sucesos que marcan las agendas informativas de países similares a Colombia, rápidamente encontramos que el nuestro, es un país de vías de hecho; que no es una cosa diferente a que siempre vamos al extremo; que queremos las cosas de facto; sin negociar, o en el peor de los casos, que siempre queremos lograr nuestros objetivos o reivindicaciones a la fuerza y sin importar las consecuencias de nuestras ambiciones individuales por encima de las colectivas.

Las imágenes de lo que planteamos se encuentran a diario en los noticieros de los medios de comunicación y en las primeras planas de los periódicos. Esta arraigada costumbre colombiana es producto de varias circunstancias históricas; la primera tiene que ver con la ausencia del Estado en la satisfacción de necesidades básicas; la segunda en la escasez de recursos para atender todas las reclamaciones de la sociedad; la tercera es la marca genética (en los últimos sesenta años) que ha dejado la guerrilla en la manera como sometemos al Gobierno Nacional de turno; y la cuarta, tiene que ver con la corrupción arraigada en lo público, factores juntos que sirven de justificación para actuar siempre en contra de la institucionalidad.

Cuando no es el tradicional paro del sector judicial que siempre empata los jueces  con las vacaciones de diciembre y frenan todos los procesos legales, son las protestas campesinas que se toman las carreteras en busca de asfixiar el suministro de alimentos a las ciudades. En dos o tres ocasiones al año se suman los taponamientos de vías por parte de los camioneros que se dan el lujo de obstaculizar el libre tráfico de suministros para someter al Gobierno a sus ambiciones particulares que afectan el libre funcionamiento de la economía de mercado. También se han vuelto tradicionales las tomas (secuestros en cualquier lugar del mundo) de funcionarios en plantas industriales por parte de trabajadores o comunidades indígenas para reivindicar sus derechos, con graves consecuencias, no solo en las empresas perjudicadas, sino en las familias de los trabajadores cautivos. 

Anualmente se presenta el paro de maestros que se rehúsan a ser evaluados para mejorar la calidad de la educación que imparten; el de trabajadores de Ecopetrol porque les quitan todas sus gabelas laborales, y así cientos de pequeñas y grandes protestas en las que todas terminan con vías de hecho.

La protesta es un derecho que garantiza la Constitución y que es inalienable; se debe reclamar la desatención estatal; se debe protestar en contra de los funcionarios incapaces de resolver problemas básicos; hay que derrotar la corrupción como origen de todos los problemas, pero hay que hacerlo sin avasallar el libre funcionamiento de la economía de mercado que nos genera el bienestar general. Sí a la protesta social y a la reivindicación de los derechos de las comunidades, pero con un mínimo de construcción de país.