sábado, 15 de septiembre de 2012
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La subasta de 4G no solo pondrá a prueba al Gobierno y al Congreso, sino que determinará la seguridad jurídica

Las autoridades colombianas de las telecomunicaciones se aprestan a tomar una de las decisiones más importantes de los últimos tiempos. Se trata de subastar al mejor postor el espectro llamado 4G que redundará en beneficios para los usuarios de telefonía móvil. Debe mejorar, al mismo tiempo, la calidad de los servicios de voz, un factor que será determinante para el avance de la banda ancha móvil, el manejo eficaz de datos y la cada vez más demandada navegación en internet. En pocas palabras, es el futuro no solo por lo que representa para la socialización, los negocios y el entretenimiento, sino que es la puerta al desarrollo generalizado de todo el país.

No hay un servicio tecnológico más equitativo en Colombia que el celular, que ha logrado una de las penetraciones más importantes en todo el mundo. De cada 100 habitantes, 98 tienen un móvil y son muy pocos los rincones de la geografía donde la señal no llega. Pero el servicio que hoy se presta debe mejorar mucho para ser más querido y respetado. Las quejas sobre la mala señal abundan, el cobro de minutos no utilizados es una realidad, los malos equipos son más frecuentes, las fallas en cobertura urbana no tienen solución, la pésima facturación no hay quien la mejore; eso solo para citar algunos de los graves pecados que tienen los operadores de la telefonía celular en Colombia.

Obvio que los responsables son Claro, Movistar y Tigo a quienes les pagamos millonarias facturas por el servicio de telefonía móvil celular, pero el Estado colombiano también cuenta con un Ministerio de las TIC y superintendencias de Industria y de Servicios que tienen competencia para vigilar y ponerse del lado de los consumidores para hacer valer las normas, de tal manera que esas empresas mayoritariamente multinacionales cumplan con las leyes colombianas y mejoren el producto que venden. Mexicanas, españolas o de los países bajos, deben invertir en redes para que no se sigan lucrando con un mal servicio.

Diferente es la discusión de si una de ellas debe participar o no en la subasta 4G porque incurriría en posición dominante. Colombia no puede ‘chavetizarse’ y excluir a un competidor en alguna licitación. No pueden hacerse licitaciones prefabricadas para socializar negocios en donde ganen los más necesitados o los que oferten precios más bajos. Las autoridades colombianas deben dejar que el libre mercado genere sus equilibrios automáticos y los organismos de control y vigilancia deben pronunciarse cuando se den situaciones de monopolio o posición dominante. No pueden haber subastas y licitaciones marcadas por la misma seguridad jurídica que tanto invocamos para atraer los US$20.000 millones en inversión extranjera directa para esta década.
 

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