¿Si cae la Ley de Financiamiento qué pasará?

A mediados de este septiembre, la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre las 20 demandas hechas por fallas de constitucionalidad de la Ley 1943 de diciembre de 2018, la famosa Ley de Financiamiento del ministro de Hacienda, Alberto Carraquilla, que quiso denominar de esta manera a su reforma tributaria; iniciativa a la que juzgan por tener vicios de forma en varios de los procedimientos en el Congreso, por ejemplo, en su paso de la Cámara al Senado y el estudio consecutivo por ambas corporaciones; así como también las publicaciones a las que están obligadas todas las leyes en la Gaceta del Congreso. Sea el momento de recordar que la Cámara de Representantes hizo un buen análisis y una seria discusión de la iniciativa gubernamental, cosa que no sucedió en el Senado, que no le dio el tiempo necesario ni a la discusión requerida ni a su votación, pues adhirió su opinión a lo que había hecho la cámara baja. En cuanto a la socialización y sensibilización, que debe tener toda nueva ley en sus diferentes pasos por el legislativo, hay quienes defienden que efectivamente se cumplió ese mandato y que el Artículo 157 de la Constitución no se precisa que esa tarea deba hacerse solo en la gaceta tradicional, sino también por los medios de comunicación masivos o por las páginas web institucionales. La Corte tendrá que aclarar si todo proyecto emanado de alguna de las corporaciones del legislativo debe imprimirse y publicarse en la Gaceta Oficial para homologue los textos públicos, de tal manera que se eviten interpretaciones distintas ocasionadas por redacciones, palabras o textos particulares y no generales. Está claro que el mandato constitucional de tener una sola versión oficial de los textos a discutir en las distintas corporaciones es necesario y actúa como una garantía democrática de que todo texto tenga una trazabilidad que no se presten a diversas lecturas. En pocas palabras, evitar palabras con muchos sentidos.

Allí está el verdadero enredo de la Ley de Financiamiento, en términos de procedimiento, porque el texto de paso de Cámara a Senado solo se hizo oficial en la página web de la alta corporación, no se imprimió como debe ser. Pero los vicios de forma parecen tener estrictos cumplidores en la Corte, al igual que quienes están revisando al detalle la inconstitucionalidad de alguna progresión del impuesto a la renta para el sistema financiero, que es bien discutible. Ahora bien, qué le pueden pasar a las arcas nacionales de cara a 2020 si la Corte tumba el grueso de la reforma tributaria. Esa es la pregunta que recorre al Ministerio de Hacienda que debe tener un plan B si esto sucede, pues no sería la primera vez que esto sucede en las historia tributaria colombiana reciente, y que dicho sea de paso, sería una verdadera catástrofe para el Gobierno Nacional. No se puede pensar de ningún modo en la declaratoria de emergencia económica, lo que es considerado por los analistas más ortodoxos como una golpe a la seguridad jurídica, al dar vía libre a la discrecionalidad del Ejecutivo. El gran peligro ahora es que se paralicen las inversiones gubernamentales en un momento de elecciones locales y regionales. La administración Duque ya pasó con buenos resultados económicos (sin contar con el alto desempleo) el primer año y sería un mal presagio que tuviera que enfrentar una decisión de la Corte en contra de la reforma tributaria.