Por un Congreso de gestión memorable

El funcionamiento del Estado posee un sesgo transaccional de origen debido a la distribución de sus facultades públicas. El Ejecutivo se encarga de recaudar los impuestos e invertirlos a través del Presupuesto General de la Nación, mientras que el Legislativo aprueba la financiación y destinación de dichos fondos; al Judicial, por su parte, le corresponde verificar que estos procedimientos se ejecuten conforme a la Constitución Política.

Sobre el papel, este diseño institucional debería operar de manera ordinaria; sin embargo, la realidad es distinta. Con el tiempo, los parlamentarios se han especializado como operadores políticos que aceitan sus maquinarias regionales mediante la contratación estatal y la asignación de puestos públicos en el Gobierno.

Es, claramente, un Estado transaccional. Para la vigencia actual, el país ejecutará un presupuesto cercano a $547 billones, mientras que para 2027 el monto previsto superará $601 billones. De estos recursos, el Gobierno no alcanza a recaudar por vías fiscales ordinarias ni la mitad de lo que tiene comprometido gastar.

En los últimos cuatro años, el presupuesto se ha ajustado mediante créditos internacionales, lo que ha estabilizado la deuda externa en torno a 51,6% del PIB. La administración de Abelardo De La Espriella se hizo elegir por cerca de 13 millones de votantes bajo promesas de austeridad. No obstante, cumplir esta bandera resulta complejo: las obligaciones estatales son cuantiosas, las inversiones sociales no dan espera y el sector que sostiene el recaudo -las empresas y los empleados formales- no soporta una mayor carga tributaria.

Frente a este difícil panorama fiscal coexiste un Congreso de la República con un marcado apetito por el clientelismo y las arcas públicas. Esta dinámica responde a una arraigada cultura transaccional: los senadores retribuyen a sus electores gestionando y acaparando recursos del nivel central, mientras que los representantes a la Cámara compiten con sus colegas bajo una presión más inmediata, dado que su circunscripción es departamental y las comunidades locales les exigen logros tangibles ante el Gobierno nacional.

A Colombia no le caben más leyes; el esfuerzo institucional debe enfocarse en la ejecución eficiente de las políticas públicas y en que la infraestructura se materialice en los municipios y las ciudades. Exigir un Parlamento con una producción legislativa memorable es difícil, pues la gestión de los otrora llamados «padres de la patria» se mide en función de los recursos que logren descentralizar en favor de sus territorios. Ojalá la nueva administración logre construir un Plan Nacional de Desarrollo robusto para su cuatrienio, uno que articule el papel de los congresistas con el progreso regional mediante un Ejecutivo comprometido con la gestión técnica y no con la distribución de burocracia.

El Congreso no debería ser un escenario de puja económica, sino el epicentro de proyectos de renovación social y de programas públicos diseñados para sacar de la pobreza a 15 millones de colombianos, incluidos los cinco millones que viven en la pobreza extrema. Si los debates en el Senado y en la Cámara priorizaran el componente técnico del desarrollo, el país ubicaría a estas dos corporaciones entre los baluartes de la democracia.

Hoy la realidad es opuesta: senadores y representantes suelen ser sinónimos de un ejercicio político desprestigiado, un imaginario que solo se transformará mediante un trabajo transparente, comprometido y completamente alejado de la actual transaccionalidad.