No más lobby sectorial para reducir los impuestos

Las condiciones fiscales están lejos de lo que se tenía hace algún tiempo y por el contrario en lo últimos meses se ha dado un deterioro importante como consecuencia de la ocurrencia de factores externos y de cierta falta de contundencia por parte de las autoridades económicas. La caída de los precios del petróleo y la parálisis en la industria extractiva han golpeado en forma significativa los ingresos por la menor inversión y gastos de las empresas vinculadas a la actividad. Si a eso se suma la caída en las cifras de exportaciones e importaciones, la situación es más precaria.

Se debe reconocer que la reducción del gasto público no es tarea fácil, tampoco se evidencia una gran acción para hacer una evaluación detallada de las partidas para tomar decisiones necesarias, aunque sean políticamente incorrectas. El Gobierno hace anuncios de recorte al tiempo que promete aumentos, enviando un mensaje no solo contradictorio, sino que se pierde credibilidad y queda la sensación que en términos netos no se ha entrado en un plan de ajuste y austeridad que a todas luces requiere el país.

En materia de ingresos, el asunto tampoco parece ser convincente. Desde hace varios meses, el Gobierno convocó una comisión de expertos para analizar la estructura impositiva y formular recomendaciones, algunas de las cuales ya se conocen y que merecerían un arranque de ambientación para concretarlas en proyectos de ley. Una de ellas es la revisión tributaria de las llamadas sociedades sin ánimo de lucro, muchas de las cuales tienen poco de solidaridad y mucho de lucro. Por ser un modelo extendido durante muchos años para hacerle el quite a los impuestos, es que se necesita que la inducción se haga en forma convincente, pero lo más pronto posible.

Dadas las dificultades que enfrenta el fisco, es importante que los agentes privados no reduzcan sus posiciones a plantear que los demás carguen con los mayores impuestos alegando que mayores tributos pueden afectar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. Hay que bajarle el tono al lobby sectorial para impedir que se revisen algunas cargas, como el caso del IVA, las rentas de capital y dividendos o se mantengan gabelas obtenidas en coyunturas particulares en algunas actividades que como otras requieren estímulos para su desarrollo o consolidación. Si se atienden los reclamos sectoriales, finalmente quienes no tienen capacidad de presionar terminarán cargando con los mayores tributos, lo cual sería muy injusto.

Evidentemente, hay preocupaciones más importantes que otras y en ese orden se debe priorizar el gasto público. La salud, los problemas en el agro por el verano y ahora la crisis en la frontera con Venezuela, son algunos de los asuntos que merecen la máxima atención del Estado por razones obvias y desafortunadamente no se conoce un plan oficial para este efecto, sino que se escuchan voces y promesas aisladas pero que no hacen parte de un plan integral que es urgente definir y echar para adelante.