No abrirle más campo a la minería ilegal

El caso de la eventual explotación minera en zonas rurales de los municipios turísticos de Quindío encendió todas las alarmas sobre el daño ecológico que siempre viene de la mano de las excavaciones, la destrucción de la capa vegetal y el uso indiscriminado de agua para extraer minerales del suelo y el subsuelo. Y nuevamente el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería están en boca de todos porque no actúan de manera anticipada, sino que son fieles a sus orígenes de oficinas públicas como entidades que siempre llegan tarde a solucionar los problemas inminentes, negando de tajo todo permiso legal, sin atenerse a los efectos colaterales de sus decisiones acosadas por los medios de comunicación.

Tanto el Ministerio como la Agencia, su subordinada, no se dan cuenta que cada vez que los cogen a medio camino en una decisión de títulos, exploraciones y explotaciones mineras, quienes ganan al final siempre son los ilegales, que se amparan en la inoperancia del Estado y sus instituciones y explotan los recursos naturales con daños ecológicos profundos ante la vista gorda de las autoridades. En todas las regiones del país, llámese Santurbán, Cajamarca o Timbiquí, en donde se ha negado la ejecución de un título minero, o en donde se ha evaluado que hay recursos mineros, y a su vez se la ha impedido a las grandes empresas su explotación, siempre llegan mineros ilegales (por lo general con brazo armado) para extraer a lo que legalmente no se le dio el permiso.

Tanto el Ministerio como la Agencia deben entender que sus decisiones sobre títulos mineros solo aplica a los legales, sobre quienes respetan las normas y creen en la institucionalidad, pero que hay otros ilegales que no actúan bajo sus reglas. Si la Agencia Nacional de Minas salió a negar la explotación de minas de oro en el Quindío también debe garantizar que los ilegales no llegarán a esas tierras a explotar esos recursos. Es importante que todas las instituciones de control y vigilancia entiendan que deben actuar conjuntamente y que todo el ruido armado sobre una zona de riqueza minera siempre será una tentación para la minería por fuera del orden. La tarea ahora es trabajar con las comunidades y con la Policía para impedir que la maquinaria de extracción ilegal siga trabajando en las zonas donde hay recursos, por lo general auríferos, pero no tienen permisos para extraerlos.

La tarea del Gobierno y de las instituciones responsables no llega solo hasta la negación de la ejecución de un título minero. Va más allá, debe impedir que los dueños de terrenos aledaños alquilen o exploten ellos mismos las minas que son de su propiedad. Todo el ruido que genera un mina también desata una fiebre del oro que no actúa en el marco de la ley. Siempre que baja la espuma mediática, llegan silenciosamente las máquinas retro excavadoras para llevarse los recursos sin que nadie las controle.