Los tres años restantes de alcaldes y gobernadores

Hay una propensión a concentrar la agenda en pocos temas ya sea por su impacto político o mediático, lo cual no necesariamente es cuestionable si no fuera porque se abandona o aplazan asuntos de gran trascendencia social. Esta es una coyuntura ejemplar en la que el monopolio lo tiene la discusión política del acuerdo entre gobierno y Farc y el proyecto de reforma tributaria, cuya relevancia nadie discute. 

Recientes fallos de los altos tribunales sobre la autonomía local para decidir acerca de la explotación de los recursos naturales han vuelto a darle vigencia a la discusión sobre una efectiva descentralización y capacidad de los entes territoriales para decidir sobre el futuro, pregón que siempre es mostrado más con un carácter político cuando se necesita que desde el centro se giren los recursos para financiar lo programas y que se expresa en las negociaciones del reparto de las regalías o las transferencias presupuestales. Y teniendo en cuenta que se está cumpliendo un año de las elecciones regionales de los últimos alcaldes y gobernadores, el tema merece una consideración especial. 

En la discusión filosófica sobre esa autonomía no hay discrepancia. Es más, la tendencia universal abre cada vez más las puertas a las regiones como centros de desarrollo que compiten y el Estado nacional pierde terreno e importancia. Esa idea está escrita en la Constitución pero en la realidad no se aplica. La impresión es que hay un celo extremo del Gobierno que impide perder control sobre los entes territoriales y estos se amañan con el modelo porque obtienen beneficios de un papá protector con recursos. 

Uno de los instrumentos más importantes de ese modelo descentralista se adoptó a finales de los años 80’s con la elección popular de alcaldes y luego con la de gobernadores adoptada en la Constitución de 1991. No es del caso entrar a hacer una evaluación sobre los resultados que para el país ha traído la escogencia de los mandatarios locales por el voto popular, pero sí advertir que es una realidad temas como la descoordinación que hay en varias regiones del país entre la acción de los alcaldes, en particular de las algunas capitales y el trabajo de los gobernadores, en el diseño de los programas de desarrollo y en la ejecución de proyectos específicos, lo cual resulta dañino para los intereses ciudadanos.

La decisión de definir la estrategia de desarrollo debe ser un objetivo local, la cual el Gobierno central debe acompañar, pero debe haber un esfuerzo territorial complementario en los aportes y para invertir los dineros públicos en una forma ágil, pronta y transparente. Habiendo transcurrido el primer calendario de haber sido escogidos y diez meses de gestión, alcaldes y gobernadores deben dejar atrás los anuncios y mostrar realizaciones concretas para comprobar que la decisión ciudadana no fue errada. Solo les quedan 36 meses.