Los retos de una buena reforma educativa

Todos los colombianos necesitan de una mejor educación superior, y en hora buena, el Gobierno Nacional ha emprendido una gran reforma, también estructural, de la Ley 30, marco legal de cómo funciona la educación en Colombia, allí se fijan las responsabilidades estatales y se dan los universos de actuación de los sectores públicos y privados en una necesidad básica como es formar a los jóvenes y algunos adultos en profesiones y técnicas.

El pilar fundamental es la reglamentación de un bien superior como un servicio público y esencial y garantizar los mecanismos de financiación de la educación universitaria y técnica. Ya el Gobierno Nacional ha dado un paso enorme en este sentido: desde el Presupuesto General de la Nación se destinarán durante el cuatrienio 2023-2026 cerca de $9,2 billones adicionales para fortalecer la educación superior pública.

La apuesta es generar 500.000 nuevos estudiantes en programas de pregrado, para ello se ha destinado una inversión de $4,2 billones para el incremento de la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, así como para garantizar que los nuevos estudiantes cuenten con gratuidad en su matrícula y cerca de $5 billones para financiar el nuevo Plan de Infraestructura Educativa para la construcción de más de 100 sedes.

Es una verdadera revolución llevar las universidades a los territorios más necesitados e interpretar las necesidades que los lleve al desarrollo. No debe tratarse en esta reforma de hacer edificios en las mismas universidades públicas de siempre, ni mantenerles los privilegios a los profesores de siempre que gozan de beneficios superiores a los demás trabajadores colombianos, sino verdaderamente usar la educación como una herramienta transformadora.

Solo las universidades Nacional, Antioquia, Valle y la Industrial de Santander pueden liderar modelos exitosos, no solo en administración de recursos, sino en calidad de sus programas. El grueso de las universidades de carácter público es inferior en todos los indicadores, incluso hay algunas que no alcanzan las acreditaciones corrientes que el mismo Ministerio de Educación organiza.

La reforma educativa y revolcón a la Ley 30 no solo debe tratarse de acomodar los privilegios de siempre o de prometer más subsidios, también debe alinear a esos entes que son unos huecos de malbaratar los recursos públicos con el argumento de que son universidades oficiales. Al mismo tiempo debe tener varios componentes de cara a los estudiantes, a las regiones, hacia las profesiones, y lo que no es menor, de cara a la sociedad y su necesaria transformación.

Es urgente que no solo se hable de educación, sino que se le dé un papel preponderante a las universidades públicas y privadas en el desarrollo del país. No solo debe hablarse de financiación, sino de calidad, investigaciones, patentes, publicaciones, campus, pero sobre todo de la virtualidad, el reto más importante que hoy tiene la educación en todo el mundo.

Bien por tratar de reformar la Ley 30 para incrementar el financiamiento de las instituciones de educación superior, aumentar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, pero más por desatrasar regiones, ir en contra del subdesarrollo, de frente a los verdaderos retos, no para atornillar privilegios con dinero público con el pretexto educativo.