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Ni a los que protestan les cabe la duda de que es urgente conseguir plata para financiar los compromisos sociales y enviar una buena señal a las firmas calificadoras de riesgo
Solo quedan cuatro semanas de legislatura en el Congreso de la República para tramitar un nuevo proyecto de ley destinado a conseguir más recursos para financiar los gastos derivados de la pandemia, los compromisos del Gobierno con los jóvenes, la ampliación de los subsidios, garantizar la financiación del presupuesto de funcionamiento del próximo año, pero sobre todo, para demostrarles a la banca multilateral y a las firmas calificadoras de riesgo que el país económico está enderezando sus cuentas.
El Gobierno Nacional, con las nuevas caras en el Ministerio de Hacienda, debe trabajar en un articulado social de cara al país, sin camarillas, secretos, ni componendas y demostrar que Colombia necesita meterle plata a sus arcas públicas para no caer en una irremediable quiebra técnica, pues no se puede seguir pidiendo cosas que cuestan en las protestas, sin tener conciencia de dónde salen los recursos y quién los paga. Tampoco debe desgastarse el Ministerio en ponerle nombres raros a una simple, pero urgente, reforma tributaria. Ya hay mucho avanzado y seguramente en la propuesta presentada por la Andi y la Universidad de Los Andes hay mucha madera para trabajar en el Congreso de cara al país. Lo primero es concentrarse en el monto real, unos $15 billones; no en los $80 billones que cuestan las reclamos y pliegos de los manifestantes, ni los $23 billones que consideraba el viejo proyecto.
Es urgente que el Gobierno le presente al Congreso el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022, antes del 15 de junio, así como el presupuesto de la vigencia del año entrante para que todo el país pueda sensibilizarse de que la tributaria y el presupuesto son dos cosas del mismo orden. En casi todos los países de la Ocde, estas discusiones van unidas y es uno de los eventos económicos más esperados del año. Son dos documentos fundamentales para poder reformular y atender la pandemia y las protestas. Todo el país debe saber cuál es el déficit fiscal que se proyecta para este año y el próximo e identificar cuáles son las fuentes de financiación. Como en cualquier familia o empresa todos sus integrantes deben ser conscientes del clima económico del núcleo para poder hacer planes, o al menos, procurar entender de dónde sale el dinero de subsidios y obras.
El nuevo ministro, José Manuel Restrepo, debe lograr que la nueva reforma resuelva el problema fiscal derivado del covid en vez de aumentar el gasto, eso podría costar unos $12 billones, con lo que se enviaría un mensaje contundente a las firmas calificadoras de riesgo. La situación económica del país era mala durante la pandemia, pero con las protestas, el elevado endeudamiento y el abultado déficit, el panorama cambió y la pérdida del grado de inversión condenará al país a una estampida de capitales y alejamiento de inversionistas.
Lo último es que el Gobierno debe acelerar la vacunación total para volver antes a la plena normalidad, ojalá en 90 días cuando se alcance 60% de la población, eso reactiva la educación, el comercio, la hostelería, el turismo y la construcción. El problema más grande es el desempleo, que se soluciona si esos sectores que se reactivan inmediatamente entran a la normalidad. Pretender aplazar la tributaria para diciembre, cambiarle el nombre o dejarle todo el lío al nuevo Gobierno, sería la acción más irresponsable del Congreso.
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