Lecturas de la mala calificación de riesgo

La nota de Standard & Poor’s era la última calificación de riesgo que espera el Gobierno Nacional para este 2017, pues las firmas, Moody’s y Fitch, ya lo habían hecho meses atrás. La situación nos pone en la escena de los programas de los populares concursos de talentos en donde hay tres jurados que juegan los roles de “policía malo versus policía bueno”.

Para el papel del policía malo, en el ambiente de las calificadoras de riesgo, siempre se traen a colación los duros comentarios que hace S&P, cuyas notas siempre son las más bajas y su posición frente a países, multinacionales y multilatinas siempre es muy dura. La agencia rebajó la calificación crediticia de Colombia a BBB- desde BBB, con perspectiva negativa a estable, que no es una cosa diferente que todo puede empeorar si la situación del país se mantiene, dados los perfiles fiscales y externos debilitados que generan una menor flexibilidad política. Dijo la calificadora de riesgo que “la combinación de un crecimiento más débil de lo esperado en 2017 y la dependencia parcial de ingresos extraordinarios para compensar el bajo desempeño de la reforma impositiva de 2016 demuestran la dificultad de reducir gradualmente los déficit generales del Gobierno para cumplir con la regla fiscal de Colombia”, una sentencia que enciende las luces sobre el rumbo de la economía y obliga a que los candidatos a la presidencia focalicen sus propuestas.

“La economía colombiana sigue sufriendo las repercusiones de los efectos de los menores precios de las materias primas, reflejados en el alto nivel de deuda externa y la pronunciada volatilidad en los términos de intercambio del país”. Los comentarios se alejan de los realizados por sus colegas.

Por ejemplo, Fitch Ratings mantuvo el pasado 26 de octubre la calificación de riesgo soberano en BBB, al tiempo que dejó estable la perspectiva, en un reflejo del largo registro de políticas macroeconómicas creíbles, flexibles y consistentes. Dijo que no espera mayores cambios en el marco de política macroeconómica del país en el próximo gobierno, sin importar quien obtenga la presidencia. La evaluadora de riesgos proyectó que la economía colombiana se expandirá un 1,9% este año y 2,8% el próximo, impulsada por el gasto en infraestructura y una mejora en la demanda interna debido a los recortes en las tasas de interés.

Moody’s por su parte hace el papel de policía bueno, no ha hecho cambios en la calificación este año, que por ahora está en Baa2. Pero ha dicho que podría resultar difícil que Colombia cumpla con sus objetivos fiscales debido a un eventual menor crecimiento de la economía, el riesgo de mayores gastos e ingresos inferiores a los previstos.

El problema de las calificaciones es que cada vez son más estrictas y en una economía de mercado globalizada la nota que estas todopoderosas entidades nos pongan determinan el ingreso de nuevas inversiones. En pocas palabras, la nota de S&P nos hizo retroceder varios años y nos pone en clara desventaja frente a los países de la Alianza del Pacífico que tiene mejores notas para llevar capitales. Aunque dicho sea de paso la noticia es muy mala, pero tiene su lado bueno y es que los candidatos a la presidencia deben sincerar sus propuestas económicas y no jugarle al populismo o al desconocimiento económico que nos ponga en un eje de socialistas del siglo XXI.