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EDITORIAL Las reformas en las cámaras de comercio
lunes, 3 de febrero de 2014
La República Más
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Hay que vigilar de cerca lo que está sucediendo en las cámaras, su grado de politización ha llegado a niveles preocupantes.

Como lo había anunciado este periódico, en una decisión acertada, el Gobierno expidió el decreto que aplaza hasta diciembre la elección de los miembros de las juntas directivas de las 57 cámaras de comercio, las que debían realizarse en junio, siguiendo la normatividad vigente. La nueva fecha para escoger a las juntas es consecuencia de la revisión que el Congreso hace de la materia y que debe ser evacuada para sanción presidencial a mediados de este año. Dado que se requiere entre 3 y 4 meses para surtir todos los trámites, dentro de los que se destacan la revisión de las listas inscritas para la elección. La prórroga era indispensable, pues de lo contrario solo hasta dentro de dos años se podría hacer efectiva la reforma.

El objetivo de los cambios es blindar a estos organismos, que manejan recursos públicos y tienen una gran influencia regional, de maniobras de los políticos o de personas que dicen ser empresarios, pero que su propósito real  es aprovechar la designación para su propio beneficio y no de la comunidad regional. Los casos denunciados en Barranquilla, Villavicencio, Ibagué e incluso Bogotá son elocuentes en este sentido, varios de los cuales se constituyeron en un verdadero escenario de rencillas y disputas que solo afectaron la imagen de las entidades.

De acuerdo con la nueva normatividad, para ser afiliado en cualquier cámara de comercio deberá garantizarse un período no inferior a tres años como matriculado y para ser miembro de la junta, tener dos años como afiliado, lo cual pone cinco años como condición a los matriculados para aspirar a la junta. En ese orden, se busca garantizar que quienes lleguen a la dirección den garantías de que su trabajo está dirigido a la defensa de los valores regionales, cívicos y gremiales. Dada esa garantía, los miembros de las cámaras tendrán ahora un período de cuatro años y designarán directamente al revisor fiscal, sin que este sea objeto también de maniobras de tipo electoral.

Un elemento adicional que protege a las cámaras al aplazar las elecciones es que estas no coinciden con los comicios parlamentarios, pues para nadie es un secreto que aparecían las consabidas maniobras de dirigencias locales para enlazar los procesos. ¿Serán suficientes los cambios para lograr una recuperación de las cámaras como instrumentos de promoción e impulso al desarrollo regional? Seguramente no, pero es el comienzo de una estrategia que debe empujar a que estas entidades tengan más injerencia y capacidad para influenciar en el destino local, dentro de lo cual cabría preguntarse acerca de la conveniencia de integrar regionalmente a varias de ellas, pues no parece sensato y racional que en un mismo departamento haya hasta tres organismos, todos con un muy bajo margen de maniobra y que las debilita en su tarea de veedores de las administraciones regionales.

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