La economía del crimen no puede prosperar

La economía subterránea vinculada al delito y al crimen no es asunto nuevo en el mundo y Colombia no ha sido ajena a este fenómeno y aunque no es fácil de cuantificar tampoco se puede desconocer su tamaño e impacto sobre las estructuras, pues finalmente los recursos entran a la corriente económica e impactan de distinta forma a la sociedad. Y aunque los gobiernos han buscado la forma de controlar esa economía ilegal, no se puede desconocer que no pocas veces son organizaciones transnacionales que cuentan con todos los recursos tecnológicos para escapar de la acción de las autoridades.

Sin embargo, más allá de los grandes montos que maneja el crimen que ha sido objeto de muchos estudios económicos, hay un impacto mayor que requiere la máxima atención y que se refiere a su capacidad para permear la estructura de la sociedad sin detenerse en consideración ética alguna o sin atender los mínimos preceptos humanos, para no hablar de su capacidad de corrupción e irrespeto por la vida. Así, no se entiende que las redes de traficantes de personas en Europa estén generando millones de dólares, lo que convierte esta actividad en una de las más lucrativas para la criminalidad organizada, según agencias como Europol e Interpol.

En un reporte, las citadas agencias destacan que la entrada a Europa de 90% de inmigrantes y refugiados el año pasado fue facilitada por redes de delincuentes que además se lucran con la explotación laboral y sexual a las que están sometidos los inmigrantes para pagar el dinero que les exigen los traficantes. No es del caso hacer un recorrido de la economía criminal en nuestro país que quizá tiene en el narcotráfico una génesis moderna, aunque va de varios lustros, y que irriga recursos hacia otras actividades delictivas ya sea para hacerlas rentables o sostenibles, caso guerrilla, o como fórmula de lavar el dinero de la droga, como ocurre con la minería criminal.

Los datos que mueve la criminalidad en nuestro país sorprenden a cualquiera más ahora que se pretende llegar al final de la violencia y lograr la reinserción a la sociedad de las Farc, para evitar que algunos de sus miembros decidan optar por el camino rentable de la mera delincuencia. Es evidente que la industria extractiva, localizada en tradicionales zonas de conflicto y violencia, brinda esa oportunidad que no se puede permitir por parte del estado y los mismos entes territoriales.

Aunque lo ideal hubiese sido un esquema de apoyo binacional de seguridad y no cerrar la frontera, lo ocurrido en el Chocó y límites con Panamá es una demostración de la capacidad que tienen las organizaciones criminales para actuar así sea en territorios inhóspitos, para lo cual tienen todo el dinero requerido. Y en ese orden, la acción decidida de las autoridades no debe dejar duda alguna al mundo de que la negociación de La Habana se realice para alcanzar la pacificación y no degenere en un mayor poder de la economía subterránea.