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El último estudio de Transparencia por Colombia denuncia que existen riesgos de corrupción en 85 entidades del orden nacional y 62 entidades de educación superior.
El último estudio de Transparencia por Colombia denuncia que existen riesgos de corrupción en 85 entidades del orden nacional y 62 entidades de educación superior.
Un dato escalofriante que es avalado por las instituciones que apoyan dicho proyecto, tales como, la Unión Europea, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Ministerio de Educación. Dice la Organización que: “esto no obligatoriamente significa que son las más corruptas, son las más vulnerables, dada la escasa publicidad de la información pública a la ciudadanía, la existencia de diseños institucionales débiles en la gestión administrativa y las debilidades para concretar medidas de control interno y/o externo, así como las correspondientes sanciones. De no ponerse en marcha acciones tendientes a mitigar los riesgos, es muy probable que desemboquen en hechos de corrupción administrativa”.
Es un claro campanazo de alerta sobre lo que está sucediendo en ese gran número de entidades públicas y de universidades. “Como siempre es el Congreso de la República la entidad del Estado con mayor riesgo de corrupción, siendo la Cámara de Representantes la más vulnerable. A la rama legislativa le sigue en su orden el Consejo Superior de la Judicatura, el Ejército Nacional, la Agencia Nacional de Contratación Pública, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
Esta situación es el caldo de cultivo para que los corruptos afiancen sus prácticas en detrimento de las arcas del Estado y creen redes criminales sofisticadas que terminan volviéndose prácticas culturales al interior del Estado. El frente más preocupante está en las universidades. Dice el informe que “las más vulnerables son la Universidad de Córdoba, Los Llanos, Francisco José de Caldas, Amazonía y Atlántico. Lo que coincide con escenarios de participación de grupos al margen de la ley y zonas altamente conflictivas”.
Las denuncias de Transparencia son un llamado a no seguir cayendo en el Estado capturado del que habla Luis Jorge Garay y que es una situación sobrediagnosticada en varias entidades públicas nacionales. “La captura del Estado se ha concebido usualmente como una forma de corrupción a gran escala que debilita la estructura económica de un país porque distorsiona la formulación de leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones. Cuando la formulación de leyes y regulaciones tiene el propósito de favorecer intereses que contradicen el bienestar general, se generan fuertes distorsiones culturales, sociales y económicas. De estas distorsiones, las implicaciones más analizadas empírica y conceptualmente han sido las económicas”.
El Estado debe lanzar una gran cruzada que anticipe los riesgos de corrupción.
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