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La ANM debe contar con el respaldo del alto gobierno para realizar un trabajo serio para ordenar una de las actividades más conflictivas.
La idea de darle un gran impulso a la minería y convertirla en una de las “locomotoras” del desarrollo se quedó en el papel y más bien todo señala que el sector no ha logrado despegar en la forma como se esperaba. Los indicadores son pobres. Se nota un desgano y desconfianza de los agentes privados para arrancar nuevos proyectos. En el primer semestre de 2015, el PIB minero cayó 1,5%, las cifras son negativas en inversión extranjera con montos muy bajos y las exportaciones mineras no escapan de la caída general que se presenta en el agregado total. Las sectoriales caen 26%.
La institucionalidad no ha logrado arrancar. Las cabezas de la política sectorial se pelean y envían un mensaje inadecuado y uno de los asuntos más delicados, la minería ilegal, sigue haciendo de las suyas: su cobertura se extiende por más de 300 municipios, 180 de ellos con presencia de guerrilla y grupos criminales.
Son varias las causas. No se puede desconocer el impacto de la caída en los precios internacionales de las materias primas y el pobre desempeño de China, pero no puede ser esa la explicación al deficiente manejo interno. La realidad es que la Agencia Nacional de Minería (ANM), organismo concebido como el más importante en el sector e instrumento técnico para poner orden, vigilar y promover la actividad, no arranca, como sí ha pasado con otros similares como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En menos de cuatro años de funcionamiento, la ANM, ha tenido seis presidentes, cuatro en propiedad y dos encargados. El sexto acaba de ser designado por el gobierno.
El manejo de los asuntos mineros no es una tarea fácil y en esos términos no se entiende porqué el más importante cargo del sector ha estado sujeto al acomodo burocrático de funcionarios o a laxas exigencias técnicas y cuando se pensaba que se habían superado esos problemas, aparecen los celos y discrepancias con otros funcionarios de la cartera de minas, en asuntos de primer orden como las consultas previas, el licenciamiento minero y la coordinación interinstitucional. Las acusaciones mutuas son permanentes.
La ANM debe contar con el respaldo del alto gobierno para realizar un trabajo serio para ordenar una de las actividades más conflictivas. De su fortaleza institucional depende que haya una coordinación con las distintas agencias del estado en áreas como el medio ambiente, la seguridad y defensa, la relación con las comunidades y la fiscalización y generación de recursos para el desarrollo local.
La minería es una actividad fundamental no solo por su aporte a la economía en las exportaciones, recaudos fiscales e inversión y en el cuidado de los recursos naturales, sino que debe jugar un papel preponderante en aclimatar la paz, pues no se puede desconocer su impacto en las zonas afectadas hoy por la violencia y el conflicto armado. Y en esto, el gobierno nacional debe ser el gran promotor. Es urgente ponerle la mayor atención al asunto.
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