Hay que actuar ante los hechos elocuentes

En un año los nuevos senadores y representantes a la Cámara estarán elegidos para el período legislativo que comienza el próximo 20 de julio de 2026 y se extiende hasta la misma fecha de 2030. Fruto de unas elecciones que se realizan en marzo del próximo año y que, por lo general, pasan desapercibidas por el frenesí presidencial que enmascara a uno de los poderes más debilitados ante la opinión pública.

Siempre la Cámara y el Senado se llenan en una gran mayoría de personajes oscuros expertos en la negociación de contratos públicos y la burocracia. Los senadores y representantes probos, con una buena hoja de vida son escasos y terminan manoseados por la danza de dinero que se mueve en el alicaído poder legislativo.

No se puede dejar de visibilizar que el senador Iván Name y el representante Andrés Calle fueron privados de la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento en su contra por sus posibles vínculos con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; uno, el flamante presidente del Senado, Name, es señalado de recibir hasta $3.000 millones en sobornos -cuando era presidente del Senado- para favorecer la agenda legislativa del Gobierno. Mientras que Calle, otrora presidente de la Cámara, es acusado de recibir $1.000 millones para el mismo fin.

Lo grotesco no es que estén atrapados en la maraña de la corrupción que carcome al país, es que ante la opinión pública posaban de opositores de la línea ideológica del Gobierno Nacional. No es la primera vez que personajes de tal relevancia terminan en medio de escándalos de corrupción, ya se había vivido esta situación en años anteriores, el problema es que los electores no aprenden y que una y otra vez la historia se repite demostrando la teoría del Estado capturado de Luis Jorge Garay en la que se evidencia la capacidad que tiene el crimen organizado para controlar de manera sistemática las decisiones del Estado con el fin de producir ganancias económicas ilegales en un contexto de alta impunidad.

Dicho de otra manera, “la captura del Estado se refiere a la forma en que los procedimientos formales (como las leyes y las normas sociales) y la burocracia gubernamental son manipulados por funcionarios gubernamentales, empresas respaldadas por el Estado, empresas privadas o individuos privados, con el fin de influir en las políticas y leyes estatales a su favor”.

Este tumor que ya hizo metástasis en la democracia colombiana se manifiesta desde los pueblos más pequeños con presupuestos mínimos de $30.000 millones pasando por el de las grandes capitales, que pueden ser de dos dígitos de billones, hasta el Presupuesto General de la Nación tasado en unos $523 billones ($12 billones son contingentes).

En síntesis, es el apoderamiento de los impuestos por mafias de políticos y contratistas, ante los ojos pasivos de los electores que cada cuatro años se convierten en unos convidados de piedra que avalan sus nombramientos o elecciones para el Senado o la Cámara.

El llamado a actuar ante los hechos elocuentes es comprometerse en tiempo de elecciones al Congreso con listados de congresistas probos de partidos serios que filtren candidatos que llegan a negociar dineros públicos. El narcotráfico es un gran mal de Colombia que es atacado local e internacionalmente, pero la corrupción es silenciosa y no goza de ataques frontales de la sociedad civil.