En la discusión de la pasada reforma tributaria argumentaron un tire y afloje de $800 en el precio de los combustibles, y al final nada.
El segundo mes del año empezó con una fuerte escalada de precios y se perfila como un febrero costoso, pero el dato que más sorprendió a los consumidores fue el reajuste en el valor del galón de gasolina de $131 para la corriente y de $157 en el diesel. Este hecho no sería una sorpresa si los jefes de los ministerios de Hacienda y de Minas no hubiesen dicho que la reforma tributaria bajaría los combustibles para este año, ni muchos parlamentarios se hubieran montado en esa campaña populista.
El precio de la gasolina es la cifra más inflacionaria en una canasta familiar basada en alimentos y transporte como la que mide el Dane. El costo de la corriente, la extra y el diesel son fundamentales no solo para los transportadores sino para las familias que cuentan con más de un vehículo en los hogares. Las autoridades minero energéticas no pueden seguir haciendo populismo con el precio del combustible y dejar que este sea dictado por las leyes del mercado.
Lo que está sucediendo es que la sana competencia por los vehículos que ponen gasolina en sus tanques semanalmente está regulando los precios. Ese es un avance enorme. Si los distribuidores de combustible se preparan más para la competencia en el servicio a los consumidores, pueden darse el lujo, para comodidad de sus clientes, de no tocar los precios impuestos oficialmente. En este punto debe la Superintedencia de Industria y Comercio estar atenta a los acontecimientos, pues dentro de sus competencias constitucionales está el vigilar los precios y las medidas.
Si los distribuidores compiten en servicio al cliente con ofertas o regalos, los clientes se verán beneficiados como sucede con otros productos y servicios, pero las autoridades deben vigilar de cerca la medida del galón. En muy pocas ocasiones en el año, los inspectores de la Superindustria se toman la tarea de revisar que un galón corresponda a lo que se vende, o la misma calidad del combustible. Si el Gobierno no es capaz de garantizar que el precio del galón de combustible baje, sí debe cumplir con el mandato legal de velar para que las medidas sean correctas.
Con lo que está pasando con la gasolina, las posiciones del Ejecutivo, de algunos miembros del Legislativo y la realidad en las estaciones de servicio, debe ser un asunto de profunda reflexión de todos los involucrados. Los consumidores que siempre serán los mayoritarios y los más afectados tienen el derecho de que se les cumpla lo prometido y que se les respete el derecho de recibir por lo que pagan.
