El costo de los servicios, en su tormenta perfecta

Pocas veces en la historia reciente del país, el sector de los servicios públicos había estado tan frenético. Todo comienza por la inesperada variación de los precios al alza del gas, la energía y el agua, gastos que 14 millones de familias colombianas han visto subir sin explicaciones racionales a la vista; que la energía o el gas suban en Europa y Estados Unidos como consecuencia de la guerra en Ucrania es entendible, pero que eso suceda en un país en donde ha llovido seguido durante 30 meses y es productor de gas, es una asimetría del mercado que están aprovechando los generadores.

El mayor problema que hoy tiene la economía es la inflación, que se acerca a 15%, y que la subida de las tasas de interés no la ha disminuido, por el contrario ha repuntado sin solución a la vista.

Y en esa variación al alza de los precios, es la factura de la electricidad la que más pesa, lo que ha llevado a que el Gobierno Nacional interviniera las entidades de control y vigilancia para corregir por la fuerza muchas situaciones inexplicables como es el desperdicio del agua por parte de los generadores, las amenazas infundadas de racionamiento en medio de un largo invierno y la inexplicable situación en la bolsa de energía de ligar las subidas de precios al Índice de Precios al Productor y no al Índice de Precios al Consumidor como ocurre con todos los productos y servicios.

La semana pasada, el Presidente de la República concretó su intervención en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, reasumiendo funciones que, de acuerdo con la estructura concebida en la Constitución del 91, originalmente están en cabeza de la Presidencia.

El problema ahora son los efectos de la intervención y los resultado de esta toma de decisiones por razones técnicas y de mercado. Si bien puede justificarse que la conformación de las tarifas responde a una realidad del mercado, sí hay zonas oscuras que rondaban dicho organismo y la idoneidad de sus integrantes. Debe haber reglas estables, un funcionamiento transparente e independiente para que los inversionistas del sector puedan adelantar nuevos proyectos.

Y si la situación política y económica estaba bien espesa con la intervención del Gobierno, la decisión de la Alcaldía de Medellín, dueños de EPM, uno de los mayores jugadores del mercado nacional de distribución y generación de energía, de congelar los precios del agua, gas y electricidad, en una buena parte del territorio nacional, arman todo una revolución, dicho de otra manera generan una tormenta perfecta para que el sector enderece su andar y los jugadores sean mucho más conscientes de que el costo de los servicios no puede ser tan alto en las condiciones actuales.

Seguramente los socios de las empresas privadas que operan en el mercado, algunas multinacionales, acudirán a la figura de la inseguridad jurídica y al cambio de reglas de juego, pero en cualquier país la economía de las familias y la pobreza de las personas deben ser también prioridades.

Los gremios de servicios públicos son los primeros llamados a plantear soluciones estructurales a esta situación, no pueden rasgarse las vestiduras sin muchas soluciones ni propuestas, mucho menos amenazar con deteriorar la calidad de los servicios. Es claramente un momento de grandeza, negociación y mejoramiento de los servicios en donde brille el costo beneficio.