Por fortuna se logró conjurar una huelga en la que participaban cerca de 10.000 trabajadores de la Refinería de Cartagena, Reficar, los trabajadores casi todos afiliados a la Unión Sindical Obrera, USO, exigían nivelación salarial con respecto a los demás obreros del sector y un trato similar al que reciben los contratistas extranjeros que, según los dirigentes sindicales, ganaban entre dos y seis veces más que un operario local. En la mañana de ayer se firmó el acuerdo en un hotel de Cartagena, pero ojalá las cosas no se queden allí y se sepa a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con el proyecto más costoso y más ambicioso de la historia económica de Colombia.
Reficar tiene como objetivos principales ser la planta más sofisticada de América Latina; cumplir con los más altos estándares ambientales; duplicar la capacidad de refinación; triplicar la producción de propileno, y sobre todo hacer fructificar un millonario crédito que el Eximbank le hizo al Gobierno por US$3.500 millones. El gran proyecto pasó a Ecopetrol en 2009 cuando la multinacional Glencore dejó de lado la obra, pero los incumplimientos y los millonarios sobrecostos amenazan con que sea una nueva frustración para el país económico. El costo del proyecto ronda la escalofriante cifra de US$5.000 millones y todo parece indicar que no estará listo antes de 2015.
Reficar parece no estar vacunado contra el síndrome de las obras colombianas que nunca se terminan y que acaban costando dos y tres veces más de lo planeado en los proyectos licitados. Todo arrancó con fallas hasta de nepotismo criollo: lo grueso del proyecto lo manejó Orlando Cabrales Martínez, quien renunció en malas relaciones con el Ministerio de Hacienda y de Minas; y su hijo, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Cabrales Segovia, quien también se convertirá en un efímero viceministro. Es una obra a la que no se le está poniendo cuidado y que puede convertirse en una frustración sin precedentes.
Ya es de conocimiento general que la forma como se contrató la construcción del proyecto con Glencore en sus orígenes tiene fallas legales y leoninas en contra de los intereses nacionales. Ahora todo está en manos de la empresa estadounidense Chicago Bridge & Iron Company, CB&I, que tiene serios problemas con el sindicato de la USO. El centro de la discusión radica en el modelo de contrato ‘gasto-reembolso’ que permite extender sin límite los gastos de inversión. A la Contraloría General y al Ministerio de Minas, en manos de un ex miembro de la Junta de Ecopetrol, les tocará mostrar diligencia en lo que resta del año, de lo contrario, se vendrán demandas contra la Nación y como siempre, nos quedaremos sin refinería y con el préstamo sumando.
