La unificación de la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección General de Aduanas resultó en un completo fracaso. El propósito de la fusión era contar con una entidad mucho más fuerte y con mayor capacidad para el desarrollo de las tareas que cada dirección efectuaba por separado. Hoy, el balance no puede ser más negativo. La parte tributaria se infectó con el virus de la corrupción que era propia de las aduanas. Un buen ejemplo de ello se puede apreciar en las maniobras ilegales que llevaron a cabo los funcionarios para solicitar devolución de impuestos a través de operaciones de exportación ficticias y la creación de compañías de papel para dichos propósitos.
Por su parte, la vocación de servicio de las aduanas se sacrificó en el altar de la fiscalización. Se perdió el espíritu del servicio aduanero, que en buena medida se percibe a través de la facilitación de las operaciones de comercio exterior, siendo sustituido por el control y la represión a los agentes del comercio exterior.
Otro de los argumentos que se esgrimieron en favor de las bondades que arrojaría la unificación de las dos direcciones era el de facilitar la trazabilidad y el control de las operaciones tributarias y de comercio exterior a través de una plataforma electrónica que permitiera efectuar los cruces de las diferentes operaciones que realizaba un contribuyente o usuario aduanero.
Así, si un importador pretendía defraudar al estado subfacturando sus operaciones de importación, no importaba pues la administración podría cruzar el precio de importación con el precio real de venta del bien subfacturado y sobre esta utilidad extraordinaria aplicar la tasa de renta que en todo caso sería más alta que el arancel que se pretendía evadir.
La realidad, hoy, es que el sistema Muisca no ha funcionado, lejos de hacer los cruces, el sistema no soporta la información que los contribuyentes y usuarios aduaneros deben entregarle a la administración. En el caso de las aduanas recurrentemente se cae el sistema y se paralizan las operaciones de comercio exterior hasta tanto la administración declara la contingencia y las operaciones pueden efectuarse en forma manual. En el caso de la tributación, a pesar de la información que los contribuyentes deben entregar en medios magnéticos, al presentar su declaración de renta deben diligenciar un formulario de 11 páginas con información que ya está en poder de la administración, pero que el sistema no logra procesar.
Después de una inversión de US$60 millones en el Muisca se considera que la administración debe reconocer que el sistema no funciona y debe buscar una alternativa que garantice la operatividad, pero también, lo que es más importante, la confiabilidad del sistema.
Para recuperar el servicio aduanero se debería evaluar la posibilidad de independizar nuevamente la aduana, separándola de impuestos, de forma que se estructure una entidad donde la función aduanera descanse sobre los principios de facilitación y transparencia de las operaciones de comercio exterior, con un sistema electrónico similar al que opera en la aduana de Corea del Sur y un sistema especial de justicia que evite lo que ocurre actualmente donde la Dian es juez y parte. En muchos países las aduanas investigan pero no sancionan, para esto último hay otra instancia. En Colombia la entidad cumple las dos funciones y ello conlleva la pérdida del concepto de imparcialidad y transparencia.
El Gobierno Nacional debería aprovechar la presentación del Proyecto de Ley Anticontrabando para realizar una transformación a fondo del sistema aduanero y recuperar el control de las operaciones de comercio exterior, fortaleciendo la capacidad de inteligencia de la policía aduanera, con el fin de desmantelar las estructuras criminales que soportan el contrabando.
