Una terna de lujo (pero eso no basta)

La doctora Magdalena Correa Henao, directora del departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, ha sido ternada por el presidente de la República para ocupar un escaño vacante en la Corte Constitucional.

Antes de seguir, hay que decir que la terna propuesta por el gobierno es una terna de lujo. Acompañando a la doctora Correa, están Catalina Botero, relatora especial de la Cidh y el abogado Alejandro Linares, fundador de una de las firmas legales más renombradas del país y actual vicepresidente jurídico de Ecopetrol.

Dista esta selección de las otras, donde se acabaran escogiendo personajillos de la talla moral de Alberto Rojas y de Jorge Pretelt. Además, esta elección constitucional es particularmente importante. No solamente por el proceso de implementación de los inminentes acuerdos de paz, sino también porque es la oportunidad de cambiar el rumbo del cuestionado tribunal.

Si bien sobre los ternados no existen dudas de índole moral ni profesional, algo que ni siquiera debería ser una consideración pero que en Colombia ya de por sí es un atributo, no da lo mismo escoger a uno que a otros.

Recordemos que el sistema de control constitucional colombiano parte de la base de que la interpretación de la constitución no es un ejercicio formal con pretensiones de objetividad.  Es todo lo contrario, un acto dinámico de lectura del texto constitucional a la luz de realidades prácticas y, por qué no, subjetivas de la coyuntura nacional.

En otras palabras, la interpretación constitucional además de ser un acto jurídico es un acto político. Es por esta razón que los magistrados constitucionales, a diferencia de todos los demás, los elige el Senado de la República.

Resulta relevante entonces preguntarse no solamente cual ha sido la trayectoria profesional de estos ternados, que este caso como ya dijimos es intachable e incontrovertible, sino cual es su particular visión de los principales temas nacionales que pudiesen tener una dimensión constitucional y que eventualmente pudiesen llegar a la Corte.

En el caso de la doctora Correa, autora de un extenso tratado de 840 páginas sobre la libertad de empresa en el estado social de derecho, preocupa que su conocimiento económico y legal sea puramente teórico y academicista.

Se parece mucho a los consejos que dan los curas a los casados sobre cómo mantener una matrimonio activo e intimo sin haber nunca tenido una pelea con la señora por no subir la tapa del inodoro. 

Esta visión a 10.000 pies de altura de las realidades económicas y legales sirvió para que  varios magistrados acabaran de políticos populacheros, como Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández y Jaime Araujo. Sin embargo, casi destruye el sistema hipotecario colombiano, el equilibrio de las finanzas públicas y la sostenibilidad del régimen pensional. Para no hablar de la precariedad impuesta a los derechos propiedad, las trabas al desarrollo de la infraestructura y la fosilización de las leyes laborales. 

Recientemente la doctora Correa despotricó públicamente en contra de la Ley 1676 de 2013, la reforma más importante de acceso al crédito de las últimas décadas y la razón por la cual Colombia avanzó 85 lugares en el último Indicador de Derechos Legales del Foro Económico Mundial.

La norma, al flexibilizar los requisitos de las garantías y la ejecución de las mismas, le abrió el universo crediticio a quienes antes lo tenían cerrado, como lo prueban los cientos de miles de registros de garantías nuevas y los billones de pesos de crédito nuevo otorgado por virtud de esta ley. 

No basta con que la doctora Henao, en el evento de ser elegida a la Corte, se declare impedida en todo lo que tenga que ver con esta transcendental norma. Se necesitan magistrados que, además de superar el conocimiento puramente teórico de los problemas, entiendan que la economía de mercado, protegida sobradamente por nuestra Constitución, es el mecanismo más efectivo para sacar a millones de compatriotas de la pobreza.