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Se ha restringido el espacio de maniobra de las naciones emergentes en su economía, en la Justicia y en muchos otros temas. Los gobiernos –incluyendo a Colombia- carecen hoy de poder real en no pocos campos. Alguna parte de su poder político local se ha trasferido a organizaciones extranjeras por fuera del electorado doméstico, como son la ONU, las cortes Penal Internacional e Interamericana, la Organización Mundial del Comercio…
Estas pomposas organizaciones supranacionales no actúan como es de esperar en países que desafían la comunidad internacional y la paz mundial como Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Nicaragua, Norcorea… Infortunadamente, algunas de tales supranacionales presentan hoy sesgos ideológicos que explican sus frecuentes y parcializadas intervenciones.
Numerosos países de América Latina los gobiernan hoy dictaduras hijas del llamado socialismo del Siglo Veintiuno. Estos países se integran en el Foro de Sao Paulo. Todo parece indicar que figura Colombia como la próxima candidata para participar en el con un gobierno liderado por las Farc, de la mano del presidente Santos.
Desde el comienzo de los años 90, han desaparecido progresivamente las noticias importantes de los grandes medios de comunicación. Los gobiernos los han comprado, cercado o silenciado con pauta publicitaria. Cada vez son más escasos los artículos y los editoriales con análisis responsables y clarividentes en relación con el futuro de nuestros hijos.
Los ahorros de años de trabajo de los ciudadanos desaparecen hoy en manos de los Madoff, las hipotecas falsas, los DMG, las interbolsas, las colpensiones, las saludmías… Los ahorradores no se sienten seguros hoy en ningún país y casi en ninguna inversión.
El desempleo de los jóvenes entre los 18 y los 30 años supera el 50% en numerosos países y en Colombia se avecina al 20%. Esta desocupación explica en buena medida las protestas populares en todo el orbe y está atada a la imposibilidad de establecer una tasa de cambio competitiva para contrarrestar las manipulaciones de las monedas de los poderosos.
La Justicia de Colombia presenta síntomas agudos de parálisis, corrupción y politización en opinión generalizada entre los colombianos. Esta Justicia se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el progreso del país. Causales: tutelomanía, legislación farragosa, “universidades de garaje”…
Casi todas nuestras instituciones carecen de idoneidad para promover una era de progreso en Colombia, en esta incapacidad se destacan las que se ocupan del Medio Ambiente. El gobierno del presidente Santos y el Congreso se aprestan a pasar a la Historia por haber dilapidado una unanimidad y una gobernabilidad sin precedentes. En sus manos fracasaron las inaplazables reformas a la Justicia, la Salud, las Pensiones de Jubilación y la Educación, mientras nos cojeaba la economía, los ahorradores perdían sus ahorros y los agricultores no podían ni pueden competir con los productos extranjeros.
