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Con toda razón, desde hace años aflora en el debate público el tema de la prestación de los servicios de salud al pueblo colombiano, es absolutamente legítimo y entendible que este servicio esencial, muchas veces de vida o muerte, sea preocupación capital. Máxime si se tiene en cuenta que el sistema de salud no ha sido ajeno al flagelo de la corrupción, la desidia y el desgreño administrativo de muchos de sus actores. Problema principal ante hechos de corrupción que han salpicado la salud, se volvió la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Por ello, la reforma que hoy cursa en el Congreso de la República, despoja a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) del manejo de los mismos y concentra esta responsabilidad en cabeza de la nueva entidad estatal que se creará para que asuma dichas funciones, la que se llamará Salud-Mía. Hay que reconocer que esto es un gran avance que venía siendo reclamado por la mayoría de nuestros compatriotas.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma es el tema de la integración vertical que han venido teniendo las EPS con sus propias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o sea las clínicas y hospitales de su propiedad, esto venía generando problemas de favorabilidad y exclusión en el servicio a los usuarios, sometidos a las remisiones que dispusieran las EPS. Si bien es cierto que el tema de la integración vertical no desaparece del todo, se reduce exclusivamente a la atención de primer nivel que, las nuevas gestoras de salud podrán prestar a través de sus clínicas. Estos servicios básicos son los de medicina general y aquellos no quirúrgicos ni especializados.
Tema que se debe resaltar en el proyecto que hace tránsito a ley de la República en el Congreso es el de la contratación de los recursos de salud, más de $30 billones que se venían contratando a dedo por parte de las EPS. Al pasar estos recursos al manejo de la nueva institución pública Salud-Mía, y a pesar de la propuesta gubernamental de que la misma los siguiera contratando a través del régimen privado, la plenaria del Senado impuso su criterio de que se contraten sometidos a los dictados de la contratación pública, o sea a través de licitaciones públicas y abiertas. Es deseable que en la Cámara de Representante se mantenga este criterio, que debe ser manejado por Salud-Mía, con la mayor celeridad y diligencia para que no se vaya a demorar la atención de los usuarios.
A pesar de la insistencia de muchos senadores en el sentido de que la designación de los gerentes de las clínicas y hospitales públicos sean designados a través de concursos de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil de la Función Pública, no fue posible que se impusiera este criterio, primando la libre designación de esos gerentes por parte de gobernadores y alcaldes. Es deseable que este tema sea cambiado en la Cámara de Representantes para que prime en dichos nombramientos la calidad profesional de los escogidos.
Las especialidades médicas es otro de los temas en cuestión. Permitir que los hospitales puedan otorgar estos títulos es sustituir y desconocer la formación que siempre ha recaído en las universidades acreditadas para ello. Este tema debe ser revisado por la Cámara de Representantes, antes de la expedición de la ley.
La reforma recoge aspectos que el pueblo colombiano venía pidiendo a gritos, se puede y se debe mejorar aún, escuchando entre otros a diferentes actores del sistema. Hay que reconocer que en ella se han introducido cambios que lo mejorarán y contribuirán a erradicar problemas crónicos que el sistema de salud viene padeciendo.
