Juego limpio

Durante la presentación de la campaña "Yo le juego limpio a Colombia" realizada la semana pasada, el Presidente Santos señaló que la evasión por concepto de impuesto de renta y a las ventas supera la suma de 35 billones de pesos al año. A pesar de los esfuerzos y la excelente gestión que viene adelantando el equipo que lidera Juan Ricardo Ortega como director de la DIAN, lo cual se demuestra con el incremento sustancial que ha tenido la recaudación tributaria en estos dos últimos años, la cifra comentadas por el Presidente resulta alarmante y evidencia que aún queda mucho camino por recorrer.

Sin embargo, más allá de intentar descifrar las posibles causas que inciden en una evasión tan elevada me parece importante reflexionar sobre cómo este fenómeno debe incorporarse dentro de la búsqueda de un sistema tributario más justo y equitativo, en momentos en los cuales el Gobierno continua preparando el proyecto de ley que se presentará al Congreso de la República en la próxima legislatura.

En efecto, doy por descontado que una amplia mayoría, entre la cual me incluyo, coincide con el Ministro Echeverry en cuanto a la necesidad de imprimirle mayor equidad a nuestro marco tributario. Donde posiblemente empiezan a surgir diferencias es respecto a la forma en la cual se debe modificar el sistema para hacerlo más justo. Precisamente al ver los altos índices de evasión, muchos contribuyentes que hoy en día cumplen cabalmente con el pago de sus obligaciones tributarias se preguntan si es justo que cada vez que se presenta una reforma tributaria al Congreso el incremento en la carga fiscal se radique fundamentalmente en cabeza de los cumplidos.

Aquellos que atienden en forma oportuna el pago de sus obligaciones tributarias se quejan porque consideran que la mayoría de los proyectos de reforma tributaria han optado por la ruta más sencilla, incrementar las tarifas o reducir las deducciones, en lugar de establecer un marco legal que en forma concreta permita disminuir la evasión. Como dirían las abuelas, terminan pagando justo por pecadores.

Desafortunadamente debemos reconocer que en efecto esa ha sido la tendencia en la mayoría de las reformas tributarias que hemos visto convertirse en leyes en los últimos años. Una excepción a la regla la encontramos en la reforma que lideró el equipo del entonces Ministro de Hacienda Guillermo Perry y que terminaría plasmándose en la ley 223 de 1995. En dicha ocasión se incluyó un artículo que establecía que "el Gobierno Nacional no podrá presentar al estudio del Congreso un nuevo proyecto de racionalización o de reforma tributaria, antes de demostrarles a las Comisiones Terceras del Congreso que se ha disminuido en por lo menos un treinta por ciento (30%) la evasión fiscal. De este porcentaje, por lo menos la mitad deberá provenir de la ampliación de la base tributaria".

Sin lugar a dudas, la inclusión de este artículo reflejaba una verdadera intención de no acudir al camino más sencillo, sino de demostrar un esfuerzo por parte del Estado antes de buscar recursos adicionales en una nueva reforma tributaria. Es una lástima que la intención no duró mucho pues antes de cumplir dos años de vida ya la disposición que le imponía al gobierno esta limitación había sido derogada.

Apoyo plenamente la iniciativa del Presidente Santos de jugarle limpio al país, sin ese compromiso no será  posible alcanzar el ideal de país que todos queremos. Pero me parece importante que en esa campaña también se incluya como postulado fundamental que el Estado le juegue limpio a los ciudadanos que cumplen con sus deberes y obligaciones.

Ese juego limpio implica que exista un equilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe a cambio, implica como mínimo que el Estado le imprima un carácter de justicia a sus leyes inclinando el peso de las reformas para recaudar esos 35 billones que están en el limbo en lugar de voltear a mirar solamente a aquellos que ya vienen tributando en los términos que exige la ley.