Hace unos días fue publicado un informe de la Organización Transparencia Internacional sobre índices de corrupción. De una calificación de 0 a 100, siendo 0 la calificación cuando el gobierno de un país es percibido como altamente corrupto y 100 la calificación cuando éste es percibido como muy transparente, Colombia quedó en el puesto 94 con una calificación de 36. Frente a América Latina, este resultado fue inferior al de Chile y Uruguay (72), Puerto Rico (63), Costa Rica (54), Cuba (48), Brasil (39), El Salvador y Perú (38); y es apenas superior a Argentina (35), Bolivia y México (34), Guatemala (33), Ecuador (32), Honduras (28), Paraguay (25) y Venezuela (19).
Para las instituciones esto es un fuerte golpe, pues significa que hay poca confianza del pueblo en quienes ha investido de poder para manejar el país. Este bajo nivel de confianza genera muchos problemas, esta percepción de corrupción genera fuerte presión sobre la economía, pues significa que los colombianos no confían en que las políticas del Estado sean en beneficio de todos. Se afecta el crecimiento económico, quienes no confían no invierten fácilmente, sin inversión no hay mayor producción ni innovación y hay menos generación de empleo.
Otro efecto de la percepción de corrupción que hay sobre las instituciones del país es la pérdida de voluntad para pagar los tributos pues los colombianos no se sienten identificados con el gasto del gobierno. Un colombiano común piensa que pagar sus impuestos para que entren al bolsillo de otros particulares es indignante, y tiene razón, y prefiere no pagarlos. Y a su vez, si el gobierno merma sus ingresos, entonces ¿cómo puede ejecutar todas las obras?, ¿cómo puede llevar a cabo y ampliar programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad?
La corrupción genera mayor desigualdad, pues los que pueden de alguna forma influir en el gobierno para lograr su propio beneficio parten de una posición privilegiada, dejando desprotegidas a las mayorías, población que tiene carencias, algunos más que otros, pero que aun así necesitan del Estado para que los proteja.
En los últimos años ha salido en los medios casos de escándalos de corrupción como el de la salud, EPS, funcionarios y contratistas inventaban pacientes con procedimientos falsos para solicitar los recobros. Además, algunas EPS destinaron los recursos de la salud en inversiones que nada tenían que ver con la atención médica al pueblo colombiano causando una crisis enorme al sistema que aún no se ha podido superar.
El caso de las contrataciones en Bogotá en las que están implicados sus más altos gobernantes es un horror que ha sumido a la capital de la República y al país en una mezcla de perplejidad e indignación.
En el sector privado también hay este tipo de problemas, el caso de InterBolsa, que apenas aflora, podría ser uno de esos. Hay problemas de conflictos de interés y ausencia de acción de los entes de control. Las pérdidas que esto generara a los ciudadanos aún están por verse.
La acción de los entes de control y de investigación debe ser rápida y eficaz pues otro factor que alienta la corrupción es la sensación de impunidad enorme y real que hay en el país.
